La Ley del Cambio Climático salva su primer escollo en el Congreso

Mireia Borrás Pavón, portavoz del grupo de ultraderecha, aseguró que el Gobierno pretende imponer un «ideario liberticida» y «culpabilizar a agricultores y ganaderos» del cambio climático. Así, empleó un discurso negacionista y sostuvo que las emisiones españolas de CO2 representan apenas un 0,7% de las mundiales. Por ello, según la representante de Vox, la iniciativa gubernamental «pone seriamente en riesgo la industria» y redundará en el aumento del desempleo.

La norma aboga por desenganchar a España de su dependencia de los combustibles fósiles y busca afianzar las políticas necesarias para se cumpla el Acuerdo de París, además de las disposiciones europeas. El Gobierno presenta dicha ley como una oportunidad para salir de la crisis económica originada por el SARS-CoV-2. Desde las grandes multinacionales y bancos a la Comisión Europea, la mayoría de los países europeos entienden que abordar los retos del cambio climático supone un incentivo para crear empleo y riqueza. No en balde, las propias instituciones de la UE apuestan por las energías renovables, la movilidad eléctrica y la rehabilitación de edificios.

El texto establece una senda con pasos intermedios, como alcanzar en 2030 una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20% con respecto a 1990. En su preámbulo, la futura ley prevé que la transición energética movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión -el 70% capital privado y el resto público- entre 2021 y 2030.

El Ministerio para la Transición Ecológica pretende acelerar muchas de las inversiones que estaba previsto se aplicasen a lo largo una década. Aduce en su descargo que el proyecto ejercerá de locomotora de la economía. La norma destaca que el empleo neto se incrementará entre 250.000 y 350.000 personas de aquí a 2030.

El grupo ultra solo consiguió convencer a Foro Asturias, el único que se sumó al rechazo del proyecto de ley. Todos los demás unieron sus fuerzas para aceptar la admisión a trámite del texto, sin perjuicio de que luego se incorporen enmiendas, como anunció que haría Idoia Sagastizabal, del PNV.

La representante del PSOE, Helena Caballero Gutiérrez, subrayó que Vox ni siquiera se ha tomado la molestia de redactar un texto alternativo. Los planteamientos de la ultraderecha, dijo Caballero, «atentan contra la racionalidad científica», dado que el 97% de los investigadores está de acuerdo en que el incremento de las temperaturas y el deshielo de los polos es obra del hombre. Para la portavoz socialista, España es uno de los países más damnificados por la crisis climática pues sufre con mayor rigor las inundaciones, las sequías y los incendios forestales. «España es el país donde más ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero», argumentó.

El PP votó en contra de la devolución del texto, si bien marcó distancias con el Gobierno. Su representante, Diego Gago, acusó a la izquierda de arrogarse la bandera del ecologismo y censuró que el Ejecutivo pretenda imprimir mayor velocidad a las medidas para lograr la transición energética. A su entender, el Ejecutivo planea el cierre de las centrales nucleares sin haber encontrado una alternativa. «Nos preocupa la tarifa eléctrica», alegó Gago. «Esperemos que este Gobierno sea capaz de colaborar con las empresas», sentenció.