Igualdad renunciaría a una ley Trans si la LGTBI tiene libre determinación de género

Los dos grandes puntos de la discordia, los que parece que impiden desde hace tres meses el acuerdo, son que la titular de Igualdad, Irene Moreno, y el resto de ministros de Unidas Podemos defienden la necesidad de dos normas independientes, una LGTBI y otra Trans, y que, en sintonía con los colectivos trans, marcan como línea roja que estas leyes proclamen la libre determinación de género, es decir, la posibilidad de que cualquier transexual vaya al Registro Civil y pida su inscripción con el nombre y sexo que siente como propios sin más trámites que su declaración expresa. Sin informes médicos ni juramentos de terceros.

Los ministros socialistas, encabezados por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defienden que una sola norma podría regular sin problemas todas las medidas que precisan los colectivos LGTBI y, aunque le parece bien desterrar la actual necesidad de un informe médico que recoja la disforia de género, creen que la petición expresa de cambio registral debe ir acompañada por la declaración de un familiar o allegado que avale que se trata de una transexualidad estable. No ven suficiente la autodeterminación.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtbi), la Fundación Triángulo y la asociación de familias de menores Chrysalllis, las principales organizaciones de transexuales, lanzaron hoy lo que denominan su «propuesta de consenso legislativo», con la intención de que Moreno y Calvo retomen los contactos y aprueben la legislación lo antes posible. «Esta inacción está dejando paso y abriendo espacios a los discursos de odio que a diario lanza la ultraderecha, liderada por Vox», según denunció Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis. Aseguran que el avance de los ultraconservadores multiplica la discriminación y los ataques contra ellos.

La propuesta de las ONG es que, para contentar al PSOE, Montero acepte que haya una sola ley, la LGTBI, y que Calvo, por su parte, garantice que la norma incluirá una protección «integral» del colectivo trans, que, como mínimo, acepte la autodeterminación de género, sin avales de nadie, una decisión que podrían ejercer libremente todos los mayores de 16 años y todos los adolescentes de entre 12 y 16 años con el apoyo de sus padres o de la Fiscalía. Una cesión por cada lado, defiende Uge Sangil, presidenta de Felgtb, que debería permitir que se retome «un debate estancado».

El departamento de Montero tardó escasos minutos dar el 'sí' a la propuesta de los colectivos trans. «No tenemos problema en unificar las leyes y que sea una Ley Trans y de Derechos LGTBI si contiene la autodeterminación de género en los términos que pide la Comisión Europea, sin requisitos, como dicen los colectivos, que ya es la propuesta que ha realizado Igualdad», detallaron fuentes ministeriales. La propia ministra puso un tuit en el que agrade la propuesta y añade: «Siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo». La Vicepresidencia Primera todavía no ha desvelado su parecer.

Las organizaciones trans iniciaron hace tres semanas una movilización, que recorre todas las autonomías españolas para presionar a los socialistas y reclamar la libre determinación de género, y que confluirá en Madrid en junio, en coincidencia con el Orgullo.

La futura ley tendría que terminar con las discriminaciones y carencias legales a las que con frecuencia se enfrentan gais, lesbianas, bisexuales y trans. Uno de los elementos centrales del borrador existente es la decisión de prevenir y luchar contra la violencia intragénero (en parejas gais o lesbianas) con idénticas armas con que se persigue desde 2004 la violencia de género (pisos de acogida, asistencia legal y psicológica, ayudas sociales y laborales). Varios observatorios consideran que esta violencia es más frecuente que en las parejas heterosexuales y que aún se denuncia menos.

La norma prohibiría además las terapias de reversión para 'curar' la homosexualidad o cualquier otra libre opción sexual y establecería sanciones de hasta 150.000 euros para quienes las promuevan. Dispondría de toda una batería de otras multas para terminar con el resto de barreras y discriminaciones a estos colectivos.

El borrador recoge que las lesbianas no casadas tendrán derecho a que la pareja de la madre biológica figure como progenitora en el registro solo con que en el momento del nacimiento haga una declaración en tal sentido; prohíbe las operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales (que nacen con órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos) salvo necesidad médica; y permite que los mayores de 16 años inicien un tratamiento hormonal para el cambio de sexo aunque carezcan de autorización paterna (con firmar un consentimiento informado).