La Iglesia rechaza participar en la comisión del Defensor del Pueblo

La Conferencia Episcopal estará ausente de la comisión de expertos que dirigirá Ángel Gabilondo para investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia, si bien se muestra dispuesta a colaborar en las indagaciones que se lleven a cabo.

Los obispos dan preeminencia a su propia investigación, la que asume el despacho de abogados Calvo Sotelo & Cremades, que ha recibido el apoyo unánime de la asamblea plenaria del episcopado que ha tenido lugar esta semana en Madrid. Este bufete realizará una auditoría externa que «complementará y mejorara» el trabajo de las oficinas diocesanas de atención a las víctimas. Luis Argüello subrayó que la Iglesia tampoco está presente de forma institucional en la comisión de Calvo Sotelo & Cremades.

El portavoz de la Conferencia Episcopal expresó su malestar por la decisión de que el Congreso haya decidido encomendar al Defensor del Pueblo la investigación del fenómeno, a la vista de que la Fiscalía General del Estado sólo ha encontrado 69 casos de pederastia clerical. Los obispos insisten que la mayor parte de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar, no en el eclesiástico.

La Iglesia está dispuesta a abrir sus archivos para averiguar la verdad siempre que se respete la legislaciones civil y canónica y se ampare la protección de datos, aunque cree exagerada la importancia que está dando al asunto. A la luz de los trámites llevados a cabo por las propias diócesis, no hay muchas referencias a abusos en los documentos eclesiásticos, al menos en la archidiócesis de Valladolid, de la que uno de sus responsables es el propio Argüello.

Los obispos creen que no es bueno que proliferen tantas iniciativas de investigación sobre las agresiones sexuales dentro de la institución eclesial. Si bien se felicitan por la reciente creación de una comisión de investigación, aprobada por el Parlamento de Cataluña, que trabajará en el esclarecimiento de los abusos en general, no solo en la Iglesia, estiman que la diseminación de comisiones redunda en la «revictimización» de los damnificados.