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Por motivos ideológicos, Rodrigo Lanza asesinó a Víctor Laínez, con el que había discutido porque tenía unos tirantes con la bandera de España. Uno le acusó de fascista y el otro de sudaca. Lanza le golpeó a traición en la base del cráneo. Laínez ... cayó inconsciente y Lanza le pateó en la cabeza, se colocó encima y siguió pegándole en la cara. Le remató con otra patada en la cabeza. El jurado popular le encontró culpable de los hechos sucedidos en 2017 en un bar de Zaragoza. Lanza ya había cumplido una condena de siete años por dejar tetrapléjico al policía nacional Juan José Salas, en una reyerta callejera en Barcelona.
«No se ha producido un significativo aumento de la delincuencia vinculada a los delitos de odio, a excepción de aquellos relacionados con la ideología, esencialmente política», refiere la Fiscalía en su memoria más reciente con datos de 2019. En particular «en territorios en que la tensión política está más acentuada, siendo la ideología el primer motivo de discriminación».
Las banderas españolas y las esteladas han provocado enfrentamientos, denuncias y sentencias. De parte y parte. En el estadio de Cornellá de Llobregat, después de un partido entre el Espanyol y el Villarreal, un abuelo y su nieto permanecieron en las gradas con una estelada. Entonces, un barcelonés de 23 años saltó las sillas y comenzó a gritarles, según consta en la sentencia dictada en diciembre de 2019: «Guarros, qué hacéis con esta mierda de bandera, hijo de puta, cabrón, no respetáis nada». «Movido por un sentimiento de rechazo ideológico» le dio un puñetazo en un costado. Minutos después, el hombre, condenado a dos años de prisión, golpeó al nieto en el ojo.
«Los acontecimientos ocurridos en Cataluña durante los últimos años han supuesto un incremento de actividades de discriminación contra personas por sus ideas contrarias al independentismo, por defender la nacionalidad e identidad españolas. También por tener ideas favorables al independentismo, aunque en menor medida», prosigue el Ministerio Público. La confrontación es continua pero ha disminuido con relación a los años 2017 y 2018, que marcaron el «punto álgido del procés». El año pasado este tipo de denuncias descendieron un 27% en Barcelona, reporta su fiscal.
Las conductas más frecuentes motivadas por la ideología política son los escraches, la denegación de prestación de servicios, el adoctrinamiento en centros escolares y los actos contra símbolos o emblemas de España o Cataluña. Se genera «un estado de crispación, un clima de hostilidad y enfrentamiento, que hace que las expresiones y actitudes de odio, humillación y menosprecio se incrementen», reflexiona uno de los fiscales.
En 2019 el Ministerio Fiscal abrió 86 diligencias de investigación por incitación al odio, la violencia o la discriminación; y 14 por denegación de prestaciones. Por actos de humillación, como los cometidos contra unas mujeres indigentes rumanas por cuatro hinchas del club de Fútbol PSV Eindhoven que la semana pasada fueron condenados a tres meses de prisión, se abrieron 103 diligencias.
La Fiscalía acusa como culpables últimos a los «representantes de la ciudadanía, quienes ostentan responsabilidades políticas y de dirección y liderazgo», que «sin el menor recato lanzan a los medios de difusión y comunicación consignas y proclamas claramente discriminatorias».
Frente a la «polarización», no obstante, «es preciso diferenciar lo que es la legítima manifestación de una ideología propia, de lo que es un ataque a la dignidad y derechos de los demás». En cuanto a los mensajes políticos, amparados por la libertad de expresión, el Ministerio Público advierte que «la libertad de discusión política no reviste un carácter absoluto. La tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista». Raza, ideología y religión deben protegerse frente a líderes sin escrúpulos, dice, «y el derecho penal debe cumplir su función de asentar tales valores».
Entre tanto, los actos de humillación saltan a la red. En 2019 se reportaron 83 procedimientos que «incitan, fomentan, promueven o favorecen la hostilidad, la violencia y la discriminación respecto de los que son diferentes». «Muchas de estas conductas se planifican y ejecutan a través de la red como vía ágil y efectiva para publicitar el discurso del odio», afirma la Fiscalía. Se observa una tendencia al alza, aunque en 2019 hubo un «ligerísimo descenso de un 8,7%» comparado con 2018. Esa caída de cifras, aclaran los fiscales, «no altera en lo esencial la tendencia alcista desde el año 2014, y que tuvo su punto álgido en los 91 registros de 2018».
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