El Gobierno da luz verde a la autodeterminación de género para los trans

Es el fin de un duro pulso político entre Moreno, apoyada por el resto de ministros de Unidos Podemos, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respaldada por sectores del PSOE y por buena parte del movimiento feminista clásico. Ha terminado con acuerdo, pero no pueden disimular que la «negociación larga y difícil» -que confesó Montero- ha dejado heridas. La titular de Igualdad agradeció el esfuerzo por llegar a «un buen texto» al ministro de Justicia, pero se olvido de Calvo. Tuvo que ser minutos después Campo quien, tras devolver el agradecimiento, lo hizo «extensivo» a la vicepresidenta primera, por su papel «fino y selecto» en la negociación del proyecto.

Todos han hecho cesiones. Sin embargo, Montero es la clara vencedora. Ha logrado salvar su línea roja -la autodeterminación- en una negociación que, a última hora, con el visto bueno de Pedro Sánchez, dejó en segundo plano a Calvo, tocada políticamente, y tuvo como interlocutor socialista a Campo. El pulso, eso sí, se da por acabado. «Es el texto de todo el Gobierno. El mejor texto ha podido producir», zanjó la otra Montero, la portavoz del Ejecutivo.

La aceptación de la autodeterminación de género a partir de los 14 años por los socialistas, punto que bloqueó las negociaciones cuatro meses, ha tenido mucho que ver con las presiones de las organizaciones LGTBI y con la inminencia de la celebración del Orgullo, cuya marcha central es el próximo sábado.

Los socialistas, el partido de Pedro Zerolo, abanderados del movimiento LGTBI con la aprobación del matrimonio homosexual en 2005, corrían el riesgo de ser abucheados en una marcha que tiene como punto neurálgico las reivindicaciones transexuales. Ni siquiera estaba claro que pudiesen ir tras la cabecera, que rezará: «Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ¡Ley integral trans ya!».

Podemos logra la autodeterminación de género, pero el PSOE impone sus tesis de que no haya dos leyes, una de igualdad trans y otra de derechos LGTBI (como quería Montero), sino una sola, y consigue que la autodeterminación solo sea posible desde los 14 años y que tenga garantías procedimentales que eviten fraudes.

El texto actual puede sufrir modificaciones antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente. Tendrá que pasar por los filtros del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto, empezará una segunda fase de enmiendas en Parlamento antes de la aprobación definitiva, algo que no ocurrirá antes de 2022. Allí le esperan los 'noes' seguros de PP y Vox, pero si los socialistas mantienen la unidad tendrán mayoría suficiente.

De hecho, las principales organizaciones LGTBI aspiran a encontrar apoyos entre los grupos parlamentarios para incorporar sus aspiraciones adicionales. Entre ellas están rebajar la autodeterminación de género al menos hasta los 12 años; el reconocimiento, con su propia y tercera casilla en el DNI, de los no binarios, quienes no se identifican con las categorías sexuales o de género existentes; e igualar los derechos para los inmigrantes trans.

El anteproyecto permite el libre cambio de sexo a todos los trans de más de 16 años y a los mayores de 14 que cuenten con el apoyo de sus padres (o de la Fiscalía). Lo lograrán en un máximo de cuatro meses después de ratificar su decisión ante el registrador a los tres meses. Los mayores de 12 podrán cambiar el sexo registral, pero deben lograrlo ante la justicia. Los menores de 12, no podrán cambiar el sexo, pero sí son libres de pedir el cambio de nombre.

La ley LGTBI-Trans incluirá una cláusula de seguridad para evitar que alguien juegue o cometa fraudes de ley. Una vez concedido el cambio de sexo registral, y pasados seis meses en los que puede revocarse, la operación ya no podrá revertirse libremente. Si alguien quisiese volver a su sexo oficial originario tras el plazo de seguridad tendrá que acudir a pedirlo a los tribunales.

El texto, entre otras medidas, también prohibe la supuestas terapias para 'curar' a personas LGTBI, que sancionará con multas de hasta 150.000 euros, y volverá a garantizar las técnicas de reproducción asistida a lesbianas, bisexuales, mujeres solas y a los trans con capacidad para gestar.

El borrador de ley garantiza la inscripción como progenitor legal de la pareja de una madre lesbiana o bisexual aunque no estén casadas; la prohibición de operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales salvo necesidad médica; un plazo de un año para que los padres de estos bebés definan su sexo en el Registro; y el reconocimiento y la protección para la víctimas de la violencia intragénero (parejas de un mismo sexo).

También obliga a que el currículo educativo fomente el respeto a la diversidad sexual en todas las edades; la prohibición de discriminaciones laborales a LGTBI; medidas de acción positiva para el acceso al empleo de trans; asistencia sanitaria integral para ellos; y estrategias nacionales para la no discriminación LGTBI y para la inclusión social de los trans.

El último bloque es el régimen de sanciones administrativas a quienes discriminen a las personas LGTBI. Como norma general, se invierte la carga de la prueba y será el denunciado quien tenga que demostrar que no discriminó para eludir la multa. Hay sanciones leves (hasta 2.000 euros), graves (hasta 10.000) y muy graves (de 10.000 a 150.000).

Se podrá sancionar con hasta 150.000 euros las supuestas terapias de reversión para LGTBI; el acoso o la represalia por orientación sexual; el uso de libros de texto que señalen como inferiores a estos colectivos; o quien les discrimine en el acceso al empleo o la vivienda.

La reincidencia, la revictimización secundaria o la trascendencia social de los hechos serán criterios a tener en cuenta a la hora de determinar las sanciones y actuarán como agravantes para dirigir las sanciones a la parte alta de la horquilla de multa. Además, estas sanciones pueden venir acompañadas de medidas accesorias como la supresión de ayudas públicas, la prohibición de contratar con la administración o el cierre del establecimiento.