El Gobierno abre la puerta a reclamar 35.000 bienes registrados por la Iglesia

La Ley Hipotecaria de 1946 ya autorizaba a la Iglesia a registrar inmuebles con solo la firma del obispo, como iglesias, ermitas y catedrales. Las disposiciones auspiciadas por el Ejecutivo de Aznar ampliaban esta potestad a lugares que no fueran de culto. Dicho procedimiento permaneció vigente hasta 2015, año en que se cambio la norma. «Las inmatriculaciones de la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente Aznar», subrayó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

En 2017 el PSOE promovió en el Congreso una proposición no de ley –con los votos en contra de PP y Ciudadanos– en la que instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer un listado de las inmatriculaciones para incluirlas en un registro que posteriormente debería ser enviado a la Cámara baja. Cuando los socialistas llegaron al poder, el Ministerio de Justicia empezó los trabajos que ahora ha concluido el departamento de Carmen Calvo, responsable de las relaciones con las confesiones religiosas.

A partir de ahora es muy probable que se desarrolle un buen número de pleitos. No en vano, muchos ayuntamientos ignoran si algunos inmuebles que habían pertenecido al municipio sin estar a nombre de nadie han sido registrados por la Iglesia.

Entre los monumentos más representativos que ha inmatriculado la Iglesia se encuentra la Mezquita de Córdoba, que la institución eclesiástica registró por 30 euros en 2006. También figuran la Giralda de Sevilla y las catedrales de Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Granada, Jaca y Málaga. Además de este patrimonio, la Iglesia ha puesto a su nombre casas de maestro, plazas públicas y viñedos.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, expresó su «agrado» por el hecho de que el Gobierno hubiera reconocido que la Iglesia actuó conforme a la ley. «En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo, por eso si alguien viniese con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la iglesia que haya inmatriculado, está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide», sentenció Argüello.

El secretario general de los obispos aduce que los inmuebles inmatriculados «están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana». El representante de los obispos subraya que existían dos años años para quien se sientese perjudicado pudiera rivindicar su titularidad.