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Criar a los hijos, ocuparse de las tareas domésticas y trabajar se convierte con demasiada frecuencia en un ejercicio de malabares. Al margen de la mayor o menor habilidad para gestionar el tiempo, muchas mujeres se ven obligadas a pedir la reducción de jornada laboral ... para poder conciliar trabajo y vida familiar. Es el caso de Ana González, una madrileña con dos hijos de ocho y dos años y medio que trabaja como administrativa de ventas en una empresa de fijaciones e insonorización. «Comencé con un contrato parcial de cuatro horas y luego mis jefes me pidieron que estuviera más tiempo. No me importaba trabajar a jornada completa, siempre que pudiera ir a recoger a mis hijos al colegio y no depender de los abuelos o de una persona externa, así que lo planteé y aceptaron. Ahora tengo media hora diaria para atender a mis hijos».
Supuestos similares a los de Ana González tratarán de ser solucionados con el Plan Corresponsables, que aprobó este martes el Consejo de Ministros. A través de esta iniciativa, las comunidades autónomas crearán una bolsa pública de cuidadores profesionales con el fin de atender a menores de 14 años. Es una medida que pretende facilitar la conciliación de las familias y que se pondrá en marcha de forma «urgente» para atenuar los efectos perversos que ha desencadenado la covid.
El plan está dotado con 200 millones de euros, de los cuales 190 irán a parar a los gobiernos autonómicos. Tendrán prioridad para ser beneficiarias de la ayuda las mujeres víctimas de violencia de género, paradas de larga duración, madres mayores de 45 años, familias monoparentales y las que tienen otras cargas que exigen también el trabajo profesional de un cuidador. Para el Ministerio de Igualdad, patrocinador del programa, el plan es innovador por cuanto, por primera vez, el Estado se convierte en «corresponsable» en el cuidado de menores, lo que representa «una nueva política pública».
La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, adujo que las medidas se pondrán en marcha lo más rápidamente posible, a la vista de que la pandemia ha hecho estragos en la conciliación familiar.
De ello da fe Ana González. Hace un año, con el confinamiento estricto decretado a raíz del estado de alarma, pasó sus mayores agobios. El matrimonio estuvo sujeto a las exigencias laborales y a las demandas escolares de sus hijos. «Tenías que hacer de profesora. El niño se tenía que conectar equis horas al colegio, pero además le mandaban un montón de deberes que había que explicárselos porque es pequeño y no lo entendía. Luego estaba la niña pequeña, a la que casi no podía hacer caso, porque teletrabajaba».
Ana representa un caso con suerte: su marido comparte el trabajo doméstico, toda vez que él se encarga de levantar a los niños, prepararles el desayuno y llevarlos al colegio. «Él entra y sale más tarde del trabajo, de modo que yo, que salgo más pronto, los recojo; me ocupo de llevarlos a actividades extraescolares, hacer la compra, ayudarles a hacer los deberes». Con todo, la solución no es del todo igualitaria, pues al acogerse a la reducción de jornada, ella asume más carga. «En términos relativos, tengo más tiempo», admite Ana González, miembro de la asociación Yo No Renuncio.
¿Por qué no fue el marido de Ana el que se acogió a la reducción de jornada? «El no hubiera tenido problemas en hacerlo, pero como ocurre en la mayoría de las familias, al final prevalece quien aporta más a la unidad familiar. Al rebajarme yo el tiempo de trabajo, la pérdida salarial era menor».
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, alegó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el cuidado de menores es un ámbito en que apenas ha habido iniciativa política. «Con este plan se camina hacia la construcción de una red pública de cuidado de menores».
El proyecto del departamento que dirige Irene Montero se asienta en tres pilares: la creación de una bolsa de cuidados a domicilio o en lugares públicos, la apuesta por el fomento del empleo y la dignificación del trabajo de cuidador. Este podrá disponer de un certificado que acredite su experiencia informal en aras a facilitar la incorporación al mercado laboral. Para acceder a estas ayudas se tendrá en cuenta el nivel de renta y las cargas familiares.
Con la iniciativa se aspira a que las cuidadoras que se han movido en la economía sumergida salgan de ese círculo vicioso y puedan disponer de un documento que demuestre su experiencia. Los contratados deberán ser con carácter prioritario jóvenes desempleados con formación específica en esta tarea y mujeres mayores de 45 años que hayan sido cuidadoras, aunque lo hayan hecho en la economía sumergida.
Igualdad ignora por ahora el número de niños que podrán beneficiarse de estos cuidados procurados a través de una red pública, así como la cifra de cuidadores que podrán ser reclutados.
Uno de los objetivos de la idea es aliviar de tensión a las cuidadoras. «Cuidar a la cuidadora», en palabras de Vera. González no se considera una heroína, se levanta a las cinco y media o seis de la mañana para ir al gimnasio, ya que es el único rato de que dispone. «Luego va todo milimetrado, cada segundo está medido para no perder tiempo y poder hacer más cosas. La semana pasada hice un curso 'on line' y estudiaba de diez a doce de la noche».
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