Los obispos alegan que los abusos sexuales se cometen en su mayoría fuera de la Iglesia

La Conferencia Episcopal, que dedicó la tarde de hoy a estudiar el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia clerical, afronta el escándalo dividida entre los prelados que son partidarios de dar un paso adelante y hacer frente sin ambages al problema y los más remisos, que creen que detrás de todo el asunto existen una ofensiva hostil contra la Iglesia católica. Los mitrados se sienten víctimas de una manipulación del informe, al entender que los medios han hecho una proyección estadística inaceptable.

«Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino». Por añadidura, los obispos constatan que, en buena medida, las conclusiones de la investigación dirigida por Ángel Gabilondo «son convergentes con otras propuestas trabajadas en la Conferencia Episcopal desde ya hace algún tiempo».

«Además –subrayan– poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría, a las que convertiría en víctimas de segunda».

Una encuesta de GAD3 para el Defensor de Pueblo dada a conocer el viernes estima que un 1,13% de la población adulta actual (unas 445.000 personas) reconoce haber sufrido abusos en la infancia en el entorno de la Iglesia católica, y un 0,6% (unos 236.000) afirma haber padecido este tipo de agresiones por parte de sacerdotes y religiosos. La jerarquía eclesiástica rechaza estas extrapolaciones y subraya que en la investigación del Defensor no hay cifras globales de damnificados.

«Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta», la Conferencia Episcopal.

La jerarquía eclesiástica aplaza a su próximo encuentro plenario, que se celebrará en noviembre, la decisión sobre qué hará con la auditoría externa encargada al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. Dentro de un mes decidirán si amplían el plazo para que los expertos sigan investigando. El episcopado planteó un ultimátum al bufete para que en un plazo de diez días entregara su informe, un emplazamiento que la firma desestimó cumplir.

El despacho ha apartado del equipo de trabajo al abogado Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas y hombre cercano al ala más conservadora de los obispos. Una parte incompleta de la auditoría llegó a manos de los obispos gracias a Dagnino. Los primeros resultados, aún por completar, causaron perplejidad entre algunos obispos, que consideran que el estudio incurre en contradicciones y adolece de inconsistencia técnica.

Los obispos estudiaron el informe que elaboró el Defensor del Pueblo. La Conferencia Episcopal invitó a asistir a esta reunión a Ángel Gabilondo, pero el titular de la institución declinó participar por «motivos personales», según la Iglesia. La cúpula eclesial ha realizado «una primera aproximación a su trabajo valorando, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro. Se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe».

La asamblea plenaria urge al Estado «a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad».

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apremió a la jerarquía eclesiástica a ofrecer una respuesta a las víctimas de abusos sexuales en su seno. La ministra demandó a los obispos que tomen «buena nota» del informe del Defensor del Pueblo sobre los casos de pederastia clerical, casos en los que, según la investigación dirigida por Ángel Gabilondo, hubo una estrategia de ocultamiento y negación.

«Quizás estamos llegando tarde, pero siempre es mejor llegar que darlo por cerrado», dijo Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apremió este lunes a la jerarquía eclesiástica a ofrecer una respuesta a las víctimas de abusos sexuales en su seno. La ministra demandó a los obispos que tomen «buena nota» del informe del Defensor del Pueblo sobre los casos de pederastia clerical, casos en los que, según la investigación dirigida por Ángel Gabilondo, hubo una estrategia de ocultamiento y negación.

«Quizás estamos llegando tarde, pero siempre es mejor llegar que darlo por cerrado», dijo Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que fue consultada por el informe del Defensor del Pueblo, que cifra en un 1,13% de la población (445.000 españoles) las personas que han sufrido abusos en un entorno religioso y en un 0,6% (236.000) las que han padecieron abusos por parte de sacerdotes y religiosos.

A juicio del Ejecutivo, esta investigación, que calificó de rigurosa, hace posible empezar a saldar una «deuda» que el país tenía con las víctimas de «esas terribles agresiones». «Lo que va a hacer el Gobierno es tomar buena nota de las recomendaciones que en él se emiten para poder abordarlas en los próximos años, del mismo modo que han de hacer los partidos políticos y las formaciones con representación en las Cortes Generales», apuntó. A este respecto, Rodríguez alegó que «también la Iglesia debería de tomar buena nota, hacerse cargo de un informe que tiene rigor y dar respuesta a esas víctimas».