Las funcionarias víctimas de maltrato podrán trabajar en otra administración

Decidido a convertir la administración en una «máquina de generar igualdad», Benedicto se muestra convencido de que el puesto de trabajo dentro de la función pública puede ser un lugar más amable y que permita la conciliación de las vidas familiar y profesional.

El acuerdo para facilitar esos traslados lo adoptaron por unanimidad el Gobierno, las CC AA y los ayuntamientos en una reunión de la conferencia sectorial de Administración Pública que se reunió el pasado octubre después de una década sin convocar.

Uno de los primeros objetivos que se ha marcado es introducir medidas que eliminen los obstáculos y faciliten la conciliación de trabajadoras de la función pública como facilitar la movilidad a las víctimas de violencia de género.

«Es importante que las empleadas publicas víctimas de violencia de género con sentencia judicial conozcan que pueden trasladarse a otro ámbito del territorio, a otras administraciones públicas, sin que su carrera o sus retribuciones se vean perjudicadas por ese traslado», señala el responsable de Función Pública.

Estas empleadas recibirán apoyo psicológico, asistencia social y protección integral para contribuir a que estas víctimas de maltrato puedan vivir en un entorno familiar, personal y laboral adecuado.

Además las funcionarias afectadas no sufrirán pérdidas retributivas ni retrocederán en su carrera profesional por estos traslados, que tendrán carácter preferente y que garantizarán la protección de su intimidad.

Otro de los ejemplos de ese interés por la conciliación en el empleo público es la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad para los funcionarios, que serán de 16 semanas en 2021. El acuerdo se ha trasladado a los presupuestos para extenderlo al resto de los trabajadores.

Benedicto expresa también su satisfacción por otra medida que ha aprobado el Gobierno para abrir el empleo público a 10 millones de personas diagnosticadas con VIH, soriasis o celiaquía que no podían optar a una plaza en sectores como las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, Vigilancia Aduanera e Instituciones Penitenciarias.

«No éramos conscientes de que había 10 millones de personas en este país diagnosticadas con esas enfermedades; es la medida más importante y emotiva porque esto sí que cambia la vida de la gente», valora.

En el ámbito de la conciliación, la administración ha dado otro paso fijando un 5 por ciento de flexibilidad laboral en el horario para la atención de familiares, unas horas que los funcionarios deben recuperar a lo largo del siguiente trimestre. «De esta forma, los empleados no tienen la presión de que un día necesitan por la mañana llevar a su padre al médico o a un hijo y lo puede hacer con tranquilidad», apunta.

Cada año unos 3.000 funcionarios disfrutan, como padres, de su permiso de paternidad: de 8 semanas en 2019, de 12 en 2020 y de 16 en 2021. «Esta medida, más allá de una medida de igualdad, es una medida de corresponsabilidad».

«Es importante dar estos pasos desde la administración general del Estado porque entendemos que la administración es una máquina de generar igualdad y por tanto si nosotros lo hacemos la sociedad acabará imitándolo, y también arrastra a las CCAA y administraciones locales».

Las administraciones públicas están preparando el tercer plan de Igualdad y evaluando el segundo, que, explica, ha estado enfocado en la atención de violencia de género, conciliación y fomentar y avanzar en la igualdad de genero en la administración general.

«En una mesa de igualdad con los sindicatos para hacer una valoración se ha pedido más formación y avanzar en el lenguaje inclusivo y en el desarrollo de un protocolo de atención a las víctimas de violencia», concluye.