Las fuerzas de seguridad crearán grupos especiales contra los delitos de odio

El jefe del Ejecutivo se comprometió a dotar de financiación específica la lucha contra los delitos de odio en los próximos presupuestos. Dentro de los acuerdos adoptados figura la mejora de la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad en esta materia. Entre las líneas de actuación futuras se encuentra la intención de reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales, así como aumentar la plantilla de la oficina que se encarga de combatir los delitos de odio.

A la reunión asistieron organizaciones LGTB y de personas con discapacidad. Estas últimas han sufrido un repunte significativo de vejaciones durante la pandemia, aunque el departamento de Interior ignora la causa de este incremento. La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, alertó del peligro creciente de ofuscación. «En España estamos viviendo mucha crispación. Los discursos de odio se han instalado en las instituciones, en los partidos políticos, en los medios de comunicación y en las redes sociales», denunció García Rodrigo, quien planteó la «exigencia» de agilizar la tramitación de la 'ley trans', dado que los transexuales son uno de los grupos más vulnerables a las agresiones.

El giro imprevisto de los acontecimientos tras la confesión del acusador de que la agresión homófoba era ficticia ha desatado una vasta tormenta política. PP, Ciudadanos y Vox han reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por sugerir que los partidos de derechas comparten o son cómplices de los discursos de odio. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, insistió ayer en la necesidad de que Marlaska, del que dijo estaba políticamente «achicharrado», cese en su cargo. «Es el colmo, un disparate que no podemos asumir, que en lugar de aceptar responsabilidades haya culpado de su error a las fuerzas y cuerpos de seguridad», sentenció.

El argumento del Gobierno es que aunque la denuncia de homofobia en Malasaña se haya revelado una patraña, ello no quita para que sea cierto el aumento de los delitos de odio contra personas por su orientación sexual.

Este razonamiento ha sido invocado también por la presidenta de la Cogam, Carmen García de Merlo, para mantener la convocatoria de la manifestación que se celebrará hoy contra las agresiones a miembros del colectivo LGTBI. Según García de Merlo, el asesinato de Samuel Luiz al grito de «maricón» es una prueba inapelable de que el sentimiento de odio se ha exacerbado. A este crimen hay que sumar las recientes agresiones en Velada (Toledo), Melilla o Valencia contra trans y homosexuales. «Los números que acreditan la subida de casos de homofobia son la punta del iceberg. Estamos acostumbrados a que estos hechos no se denuncien porque los afectados creen que no merece la pena. Si hay denuncias falsas, las debe investigar la Fiscalía», explica García de Merlo. Según datos de las organizaciones LGTBI, solo se denuncia entre el 80 y el 90% de las agresiones.