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Barcelona
Viernes, 30 de octubre 2020, 19:28
La presión social ha permitido que una familia que ayer fue desahuciada de la casa donde vivía, haya podido regresar al domicilio 24 horas después. Los Mossos desalojaron a la familia ayer por la noche, una hora antes de que entrara en vigor el ... toque de queda. No había orden judicial. A pesar de la situación de vulnerabilidad de la familia y de que el matrimonio tiene tres hijos, uno de ellos muy pequeño, la Policía catalana ejecutó el desalojo, que dejó algunas imágenes que han corrido como la pólvora por las redes como los agentes acompañando a los niños con sus maletas tras salir de la casa.
El trágico suceso, en cualquier caso, ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas y la familia ha podido volver al domicilio, tras la presión de los vecinos y de algunas asociaciones sociales. El propietario del piso, el BBVA, ha entregado las llaves a la familia desahuciada tras asegurar que desconocía la situación de vulnerabilidad de la familia, un día después de tener que pasar la noche en una pensión.
El desalojo se produjo en el barrio de Ciudad Meridiana de Barcelona, uno de lo más castigados por los problemas de vivienda en toda Cataluña. En la zona, es donde más desahucios se han registrado de toda Cataluña en los últimos años. La familia ha recuperado la normalidad, después de un cruce de acusaciones entre los Mossos, el TSJC y el Ayuntamiento de Barcelona.
A primera hora, tras la polémica por el desalojo y las imágenes de los niños fuera del domicilio entre policías, el comisario en jefe de los Mossos ha justificado la intervención, llevada a cabo sin orden judicial, en el hecho de que la familia había vuelto a ocupar por segunda vez el inmueble. «Por la mañana reocupan, hay un delito flagrante, y los Mossos actúan para restituir la propiedad«, según ha afirmado el comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, en la Ser.
El Ayuntamiento ha reclamado explicaciones de inmediato a la Policía catalana. «No puede ser que en plena pandemia y en pleno confinamiento estemos dejando a familias vulnerables en la calle» y «sin orden judicial», ha lamentado la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín. «Es una decisión política de Interior o del responsable del operativo» enviar a los Mossos a efectuar el desahucio, ha censurado.
El TSJC, mientras, ha terciado diciendo que la comisión judicial tenía señalado, para el día de ayer, la ejecución del desalojo, «debidamente notificado a las partes personadas (que incluye una de las ocupantes de la vivienda), por cuarta vez» en un año. Según fuentes jurídicas, la comisión judicial llegó a la vivienda y al comprobar que no había ninguna persona en el interior, se procedió al trámite habitual: «Se cambia la cerradura y se hace la entrega de las llaves a su legítimo propietario».
Este procedimiento judicial nace en 2018 por ocupación de vivienda, según fuentes judiciales. El TSJC ha indicado respecto al operativo de ayer que el juzgado tuvo conocimiento de que, horas después de haberse recuperado el piso su propietario, la familia volvió a entrar en el interior de la vivienda. «Se produce una violación de domicilio, que es otro procedimiento que no tiene nada que ver con la parte civil y que provoca la actuación de los cuerpos de seguridad», apuntan fuentes judiciales. La madre llegó al mediodía a casa y vio que habían cambiado la cerradura. Aun así, reabrió la puerta y entró, haciendo saltar la alarma.
Al rato, llegaron unas 20 camionetas de los Mossos, según apuntaron algunos vecinos. «El desahucio con orden se produjo por la mañana y por la tarde estas personas volvieron a ocupar la vivienda, por lo tanto estábamos ante un delito flagrante y por eso actuamos, para restituir la propiedad», ha afirmado Sallent. «Sin notificar, sin defensa jurídica ni acompañamiento social y a hora y media del toque de queda. La forma de actuar de los Mossos debe ser examinada por el Síndic de Greuges», ha denunciado el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desc).
El Ayuntamiento además ha asegurado que no recibió ninguna notificación del juzgado para informar que el desalojo tendría lugar el 29 de octubre. El TSJC, en cambio, afirma que se informó a todas las partes.
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