Trabajadores sociales y juristas claman contra la falta de unidades forenses de violencia machista

Se trata de unidades conformadas por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, y que son fundamentales sobre todo para la valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva o el riesgo de reincidencia del agresor, así como daños físicos y psíquicos ocasionados tanto a las mujeres como a los menores expuestos a la violencia machista. Su trabajo es hacer una evaluación integral de la violencia en su conjunto, y no como un hecho puntual. Estas unidades estaban ya contempladas en la ley integral contra la violencia de género aprobada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, «se han constituido de modo muy desigual» a lo largo y ancho del territorio y actúan «de modo apenas reglamentado», denuncian desde la asociación nacional de trabajadores sociales forenses. Y lo que es peor, otras fuentes apuntan a que en aquellos sitios donde sí existen no siempre son consultados.

La entidad reclama a la Administración que aporte cuanto antes los recursos necesarios para poner en marcha estas unidades interdisciplinares que «permitan una mejor detección y prevención de la violencia machista», dado que la disciplina forense proporciona «una atención integral y efectiva a las mujeres víctimas». En la misma línea, aquellos que trabajan sobre el terreno, en el día a día de las víctimas, coinciden en que generalmente las denuncias y los procedimientos judiciales que se ponen en marcha ejercen un efecto disuasorio sobre gran parte de los agresores, pero hay casos en los que no es así. De ahí la necesidad de «expertos que afinen en los diagnósticos de peligrosidad y en las medidas (protectoras) que en cada caso se requieran», expone la magistrada de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice.

«No son equipos jurídicos, pero sí vinculados a los juzgados, para hacer un diagnóstico de los aspectos psicológicos, económicos y laborales del grupo familiar, no sólo de la denunciante», dice. Unos expertos que saben «leer entre líneas» a la hora de asesorar a los jueces y fiscales sobre el riesgo de cada caso. Un grito de auxilio que fue ya recogido por la Fiscalía General del Estado en su memoria general de 2017, presentada a principios de mes y donde quedaba constatado que la valoración del riesgo policial de las víctimas de violencia de género que denuncian es «insuficiente». El departamento de María José Segarra apuntaba en este sentido que es «imprescindible» que los informes policiales se complementen con otras investigaciones periciales «más completas», y sobre todo mediante la implantación «urgente en todo el territorio y todas las autonomías» de las unidades de valoración forense integral.

«Las herramientas están, pero hay que saber aplicarlas», reflexionó el miércoles la consejera andaluza de Igualdad y Políticas sociales, María José Sánchez Rubio, haciendo un llamamiento a que «cada profesional y cada persona actúe, desde su ámbito, con una clara perspectiva de género, porque sólo así el sistema podrá funcionar en su conjunto». Andalucía es precisamente una de las comunidades pioneras en estas unidades.

La región cuenta con una plantilla de 51 personas repartida en ocho equipos, uno por provincia e integrados en los Institutos de Medicina Legal. A requerimiento de los órganos judiciales y fiscalías con competencia en la materia, estos equipos llevaron a cabo hasta junio de este año año un total de 7.257 actuaciones. Se hicieron reconocimientos a mujeres, menores e incluso agresores, y se emitieron casi 3.000 informes tanto de aspectos psicológicos como del área de trabajo social, según los datos de la Consejería de Justicia.