La Eurocámara pide más información a Madrid sobre el desmantelamiento de Garoña

Juan José Asensio ha denunciado que los residuos radioactivos acabarán depositándose en «una zona muy próxima» a la propia planta al no existir en España un sistema de almacenamiento temporal (ATI), lo que supone un «grave incumplimiento de la normativa europea». También ha mostrado serias dudas acerca de que el desmontaje de unas instalaciones que son propiedad de Nuclenor -sociedad participada por las eléctricas Endesa e Iberdrola- pueda comenzar en los próximos meses porque «solo se dispone de cinco contenedores» para dar traslado y 'enterrar' esos residuos.

Asensio también ha subrayado como contrario a la normativa europea el hecho de que no sea la dueña de la nuclear la encargada de asumir los costes sino que estos vayan a correr a cargo de la empresa pública Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Este año destinará 5 millones de euros al sistema de almacenamiento temporal de Garoña. Una cifra que se estima llegará a incrementarse hasta los 39,5 millones anuales desde 2020 hasta 2022.

Todo ello, remarcó el alcalde burgalés, sin que exista un plan concreto para la reactivación económica del Valle de Tobalina más allá de algunas iniciativas turísticas en torno al embalse de Sobrón. Tras escuchar su intervención, la representante del Ejecutivo comunitario en esta Comisión de Peticiones de la Eurocámara insistió en que son los Estados miembros los que tienen la potestad para decidir sobre la explotación de sus centrales y el proceso de desmantelamiento bajo la obligación, eso sí, «de cumplir con todos los criterios de seguridad nuclear recogidos en el Tratado Euratom». Y en este caso no vio necesario «tomar medida alguna», pese a que así lo requirieron varios europarlamentarios que reconocieron «falta de información» y acusaron a los distintos gobiernos españoles de opacidad en lo que se refiere a la explotación de la energía nuclear.

La presidencia de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió atender la solicitud del alcalde y de los eurodiputados y requerir datos actualizados. No solo a Madrid, también al propio Ejecutivo comunitario. Pero, al mismo tiempo, también planteó que, una vez llegue la respuesta de ambos, la petición se considerará cerrada lo que implica que se da carpetazo al asunto a no ser que el interesado entendiese que las explicaciones son insuficientes. En ese supuesto tendría que iniciar los trámites de nuevo para comparecer en la Eurocámara.