Esperanza y dolor en la desaparición de menores

El año pasado hubo 10.781 denuncias de menores, indica el Centro Nacional de Desaparecidos. «Hay distintas categorías de menores desaparecidos: las fugas voluntarias, los expulsados del hogar por sus padres, las sustracciones en procesos de separación, los accidentes o con causa desconocida, los que tienen fines criminales y los que se escapan de centros tutelados», explica Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación Anar, que esta semana lanzó una campaña para difundir el teléfono europeo para reportar estos casos, el 116 000. En 2020 atendieron 803 casos y 2.290 consultas.

«Son situaciones complicadísimas, muy inesperadas que nadie puede anticipar», prosigue Díaz. «Los padres llaman muy impactados, cuando el menor de edad tarda más tiempo de la cuenta y no regresa. Pero tienen que realizar distintas comprobaciones previas, como preguntar en el vecindario y a familiares. Las primeras horas son vitales, porque con el tiempo disminuye la posibilidad de tener más pistas para localizarlo». En un 1% de los casos, la conclusión fue la muerte.

La palabra que les describe, «desaparecidos», no transmite, sin embargo, la angustia de sus familias. Aunque pasen los años. Es ausencia pero también incógnita. Es el caso de, por ejemplo, las dos hermanas sustraídas por su padre en Tenerife, Olivia y Anna. Para intentar dar con el paradero de las hermanitas de Canarias, sus datos se compartieron 45 millones de veces por redes sociales y 140 millones de veces apareció en las pantallas de los cajeros automáticos de Europa, según datos de SOS Desaparecidos, en la que trabajan 44 voluntarios. Es un esfuerzo ciudadano que sirve de apoyo al policial. Sin embargo, también cuenta la suerte. En España siguen desaparecidas 1.906 personas de todas las edades. Algunas tienen más de una década sin dar señales. Personas de las que apenas queda el nombre y el recuedo, como Paco Molina, Yéremi Vargas, David Guerrero, Sara Morales o Caroline del Valle.

La ciudadanía se vuelca a tratar de ayudar con la redifusión de la información de esas personas a las que se perdió el rastro, y la mayoría de los casos se resuelve en poco tiempo. «El 35% de las desapariciones cesan 48 horas después de la denuncia y el 67% en dos semanas», indica el reporte de 'Personas desaparecidas 2021' de Interior. Significa una cifra algo inferior a la del año anterior (un 74%). Esos casos suelen tener rápida solución porque son fugas voluntarias, en las que el joven escapa de su hogar o el centro de acogida. Los tutelados por el Estado que se van representan casi la mitad de los casos de los menores.

«Las fugas son el primer motivo de desapariciones en toda Europa y tienen una duración más breve», sostiene Díaz. «Solemos pensar que se trata de un menor casi delincuente y violento. Pero las razones principales que les llevan a fugarse tienen que ver con la violencia, el abuso, la negligencia y otros problemas crónicos de los que intenta escapar. Hay que hacer un trabajo muy importante con la familia para que no vuelva a ocurrir».

Las reincidencias de los fugados son altas y no se pueden «minimizar» puesto que siempre son situaciones de riesgo. «Se exponen a todo lo que significa la calle, como ser utilizados para cualquier tipo de delito», advierte Amills. «Antes eran jóvenes de 16 y 17 años, ahora la edad baja hasta los 12 y 13. Ellos no duermen en la calle sin comer. En las fugas alguien les da cobijo y protección, y suelen ser personas adultas que les triplican la edad».

El perfil del menor que se fuga es de un varón, con más de 13 años, español (68%) y que suele escapar en verano o en vísperas de fiestas o puente. De ellos, el año pasado, 141 habían emigrado sin compañía. En las desapariciones forzosas, el desenlace suele ser incierto. «El dolor es inmenso. Cuando son menores se añade más dolor», dice Amills. «Se vive pendiente de que surja cualquier pista».