«España retorna a la limosna institucional y se deshumaniza», denuncia el índice DEC

José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la organización de responsables de servicios sociales, afirma que el estudio «muestra la involución y el retorno de los servicios sociales al asistencialismo». «Nos damos cuenta de que este tema ha dejado de estar en la agenda pública, de que en España nos estamos deshumanizando, con un modelo de sociedad que no protege a las personas más vulnerables», denuncia. Ramírez destaca que «hay una ausencia clara de la propia Administración Central desde el año 2012, con un recorte presupuestario acumulado en esta materia de casi 5.000 millones de euros».

El informe evidencia que este descuido redunda en las fuertes diferencias por territorios y Comunidades Autónomas. El País Vasco y Castilla y León vuelven a obtener la mejor calificación, mientras que Canarias y la Comunidad de Valencia son de nuevo los peor catalogados.

Aunque el estudio señala que las distancias se amortiguan este año a nivel general, se siguen encontrando brechas relevantes en el caso de las prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia. En algunas comunidades el 10% de la población potencialmente dependiente recibe estas prestaciones (Andalucía, País Vasco, Rioja), mientras que en otras el porcentaje no alcanza al 5% (Canarias, Valencia).

En el caso de las Rentas Mínimas de Inserción, el 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se beneficia de ellas, mientras que en Murcia este porcentaje sólo alcanza al 2,2%. En el caso de las plazas de alojamiento para personas sin hogar, en el País Vasco hay 135,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Extremadura no llegan a 16.

Estas diferencias tienen su origen en la disparidad del gasto que realizan las Comunidades Autónomas y Entidades locales en cada territorio. Si en el País Vasco se invirtieron 611,8 euros por habitante en 2016, en Murcia se gastaron 262,39 euros y en Valencia 251,15. Mientras que el gasto en materia de servicios sociales en las administraciones vascas supuso un 10% en 2014, en la comunidad de Valencia apenas llegó a la mitad.

Para paliar estas diferencias el estudio incluye varias recomendaciones. Propone «constitucionalizar» los derechos sociales como «Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española». «Ahora que tantas voces reclaman una reforma de la Constitución para garantizar la cohesión territorial, no sería menos importante y urgente plantear esta reforma también en términos de cohesión social», agregan. Propone también recuperar el gasto en servicios sociales por parte de la Administración Central, dado que en el presupuesto de 2016 todavía no se alcanzan los niveles de inversión de 2010. Para ello sería necesario que en 2017 se compute un incremento de 1.000 millones de euros.