España recibió el doble de solicitudes de asilo en 2019 con respecto al año anterior

Con estos datos iniciaba el presidente de CEAR la presentación, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra mañana, del informe 'Las personas refugiadas en España y Europa', el estudio con el que la organización realiza una foto fija anual al fenómeno -la de hoy es la decimoctava edición-. Entre otros aspectos, el estudio señala que el 77% del total de solicitudes procedió de seis países americanos: Venezuela (40.906), Colombia, (29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784) y Perú (3.989). Por el contrario, la exigencia de un visado de tránsito explica «el acusado descenso de las personas originarias de Siria y Palestina que pidieron asilo», relata el documento. Y constata también una triste realidad, que España solo ofreció protección internacional al 5,2% de las personas solicitantes cuyo expediente resolvió, en contraste con el 24% de 2018 y el 31% de media en el conjunto de países de la Unión Europea el año pasado. «Es una cifra que nos parece verdaderamente escasa y ridícula», lamentó Berzosa. Solo un 2,7% de los solicitantes recibió el estatuto de refugiado, mientras que 17.266 personas, un 28,7%, « quedaron sin ningún tipo de protección», siendo las personas procedentes de Colombia, El Salvador y Palestina las que recibieron más permisos denegados.

Desde CEAR, hicieron un llamamiento a Interior para que se agilicen estas peticiones: «Nos gustaría que nuestro país fuera mucho más acogedor porque sabemos que gran parte de la sociedad española es muy solidaria y da buena acogida a los refugiados». Berzosa fue más allá y explicó que CEAR ha solicitado al Gobierno que haga lo que han hecho países como Portugal e Italia: regularizar a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo durante estos meses de pandemia. En su opinión, una medida así «hubiera facilitado la mano de obra en la agricultura, que ha escaseado». Recordó también que estas personas «están llevando a cabo servicios esenciales». En este sentido, espera que los refugiados no sean olvidados ni marginados en las políticas de reconstrucción del país.

De forma similar se expresó la directora de CEAR, Estrella Galán, que puso de relieve que la pandemia no puede utilizarse como excusa para aplicar políticas de control migratorio más restrictivas. Los derechos humanos no pueden ponerse en cuarentena».

Una idea que también apoya Acción contra el Hambre, que ayer hizo un llamamiento para que los refugiados sean incluidos en las respuestas sanitarias y socioeconómicas que los gobiernos nacionales están tomando para mitigar los efectos del coronavirus, dado que son «particularmente vulnerables frente al virus».

Precisamente la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) lanzaba el jueves su informe sobre los desplazamientos forzosos de 2019, un documento que apunta que la cifra de desplazados forzosos en el mundo creció el año pasado hasta los 79,5 millones. «Es una situación dramática -resume Berzosa- y el sistema de asilo de la UE se encuentra bloqueado. Necesitamos una Europa unida que sea capaz de afrontar el reto de los refugiados».

Entre las medidas que propone CEAR está la de asegurar unos estándares de calidad adecuados a lo largo de todo el procedimiento de protección internacional y garantizar el acceso al procedimiento. Asimismo, insiste en reclamar la puesta en marcha de medidas de regularización extraordinaria, al tiempo que ve «urgente» concluir los más de 100.000 expedientes de asilo pendientes de resolución. Según Eurostat, a finales de abril de 2020 había 140.640 solicitudes pendientes en España.