España aprueba su primera ley contra el cambio climático

El premio, de conseguirlo, será parar el aumento de la temperatura de la Tierra en los 1,5 o 2 grados centígrados, lo que minimizaría los efectos del calentamiento global y evitaría las enormes catástrofes naturales y hambrunas a las que ahora nos encaminamos, según los científicos.

La norma, que podría entrar en vigor en pocas semanas, fue aprobada por una muy amplia mayoría del Congreso (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, EH Bildu y Teruel Existe), el equivalente a unos 190 votos, y contó con el 'no' de Vox y la abstención de PP y Más País. Mientras los partidos del Gobierno hablaron de «día histórico», los populares pronosticaron que la ley «va a cerrar industrias, generar desempleo y castigar a la España rural» y la ultraderecha negó la «emergencia climática» e indicó que «la coalición 'socialcomunistarra' quiere llevarnos al desastre». Los socialistas compararon al PP con el perro del hortelano, que «ni hace ni deja hacer».

La ley se marca como objetivos para 2050 la «neutralidad climática» –que no se emita más CO2 del que son capaces de capturar bosques y lagunas de forma natural– y que el 100% de la electricidad proceda de fuentes renovables. Pero no vale hacerlo de cualquier manera. Es fundamental que buena parte de la reducción de emisiones se logre para 2030, pues, de no ser así, los científicos temen que el fenómeno sea ya irreversible.

El proyecto aprobado por el Congreso prevé que, para dentro de nueve años, España habrá reducido sus emisiones de CO2 un 23% con respecto al año de referencia mundial (1990), momento para el que ya se habrá logrado que el 42% de la energía consumida –incluido el transporte y la industria– proceda de renovables, y se habrá aumentado la eficiencia energética en un 39,5%. Además, hoy mismo se introdujo una enmienda, empujada por Más País, con la que el Gobierno se compromete a revisar «al alza» estos objetivos de recorte para 2030 en dos años, en 2023.

¿Es suficiente que España recorte un 23% para 2030?. Para el Gobierno sí, para los ecologistas no. Ambos tienen parte de razón. El Ejecutivo porque con su recorte -que en 2023 ampliará- va a hacer un esfuerzo de reducción similar al que pide la UE. Los ecologistas porque se queda un poco por detrás de lo que reclama la ONU. España reduciría en 2030 las emisiones de CO2 un 38% sobre las de 2010 frente al 45% de media que piden los expertos para evitar superar los 1,5 grados (quedaría siete puntos por debajo). La UE, sin embargo, si cumple sus objetivos, reduciría las emisiones el 48% (tres puntos por encima).

Entre las medidas principales para lograr estos objetivos, además de la generalización de las energías renovables, están el fin en 2040 de las ventas de turismos nuevos que quemen combustibles fósiles y su retirada de la circulación en 2050; la implantación de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes antes de 2023; y el fomento de la movilidad eléctrica, del transporte público y de los puntos de recarga en gasolineras y viviendas.

La ley supondrá el fin de la extracción de hidrocarburos y carbón y la prohibición del 'fracking'. Con su entrada en vigor, no se autorizarán nuevas explotaciones de combustibles fósiles, pero tampoco de uranio, el alimento de las nucleares, que van camino del cierre.

La norma prevé el uso de materiales con baja huella de carbono para la construcción y el incentivo de la rehabilitación de viviendas, enfocada al ahorro energético, al autoconsumo y al uso de renovables. La regulación no permitirá construir en las costas con incidencias de cambio climático y la instalación de parques eólicos y solares deberá ser «compatible con la conservación del patrimonio natural».