La «esclavitud del siglo XXI» seguirá en las carreteras españolas, a pesar del Supremo

El Supremo utiliza duras palabras: «No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca. Simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practique la prostitución». Los locales aquí estaban en Córdoba, Vigo, La Coruña, Madrid. Allí estuvieron varios años las víctimas.

«La sentencia consolida una línea de jurisprudencia y reúne asuntos muy importantes, que ya estaban recogidos desde 2017, así como elementos de tipo penal que se van nutriendo con información de Naciones Unidas», mantiene Alba Alonso, abogada de la organización Sicar-Adoratrices. «Deja claro que la trata de personas no le ocurre sólo a extranjeras, pues pone el acento en que lo que importa no es la distancia entre el lugar de origen y el de explotación, sino el desarraigo de la persona despojada de sus apoyos y su vida. Eso es muy importante a nivel jurídico y afecta también a las españolas, que pudiendo ser de Huelva son llevadas a Barcelona para prostituirlas».

Al respecto, la ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar dice que «resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales». Otro punto crítico de la sentencia aborda «el concepto de vulnerabilidad», afirma Alonso. «Establece que no debe aplicarse sólo a menores de edad. Amplía así la visión de lo que debemos proteger. Y habla también de las secuelas psicológicas de las personas que han recibido palizas graves hace meses o años y no pueden probarse en un proceso penal».

Más de tres años después de ser captadas, las testigos pagaron sus 'deudas'. Para entonces al menos una ya padecía trastornos psicológicos con «sentimientos de temor, irritabilidad y distanciamiento afectivo». El Supremo las describe como «personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos». «Es la primera vez que se habla en esos términos, con un enfoque que significa un paso adelante», reconoce Amelia Tiganus, activista y sobreviviente de trata y explotación sexual. «Pero quedará en nada si no se hace una reforma del Código Penal para perseguir todas las formas de proxenetismo, como la terciaria lucrativa, que es alquilar espacios para lucrarse de la prostitución y que tiene plagadas las carreteras de prostíbulos».

En efecto, la sentencia no cierra una grieta, señalada por las organizaciones que luchan contra la explotación sexual y la trata de seres humanos. La condición de empresarios de los dueños de los prostíbulos con carteles de 'club' y 'hotel' que bordean los caminos de España. «La sentencia dice que hay lugares, como los club de alterne, donde podemos encontrar situaciones de esclavitud», observa Alonso. «Pero no entra a valorar el tema de la prostitución o de la terciaria lucrativa, como se llaman a alquilar las habitaciones, por ejemplo. El objetivo primordial de la sentencia es abordar la temática de la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual y no critica los clubes».

En los «diversos club de alterne salpicados por la geografía nacional», que son «lugares donde la dignidad humana carece de la más mínima significación», se somete a personas que «han sido traídas como si fueran seres cosificados», mantiene la ponencia. La línea para exonerar a los proxenetas estaba en si la mujer sabía o no que se dedicaría a la prostitución. En la resolución del Supremo había tres personas explotadas que fueron captadas bajo engaño, dos de ellas menores de edad, con promesas de estudios y trabajos dignos, y una que sí sabía que trabajaría en los prostíbulos. La resolución del 24 de julio borra esa franja de impunidad.

La testigo protegida #4 sabía a qué se dedicaría en España pero le aseguraron que mantendría el contacto con su familia y que podría trabajar libremente, una vez pagara el viaje. Sin embargo, fue sometida al igual que las demás. Sin pasaporte, sin equipaje, sin libertad. Residió en el mismo lugar donde se prostituía, agredida a la menor protesta, despojada del dinero que reunía. «Que una mujer sepa que viene a ejercer la prostitución no debe eximir de responsabilidad a los explotadores», dice Tiganus, que ahora se prepara para estudiar psicología, después de participar en la organización Feminicidios.

«Es también un engaño, porque le aseguran que en un par de años va a solucionar su situación económica», prosigue. «Sin embargo, la explotarán sexualmente y se quedará sin casi nada. No les dicen tampoco los graves daños que tendrán su vida y su salud. Repercusiones físicas y psicológicas. Heridas por ser utilizada como un objeto, como mujer desechable, de usar y tirar que a casi nadie le importa. Poner el foco en que algunos se libran porque la víctima sabe que va a venir a ejercer la prostitución es una demostración del estigma, de la visión patriarcal. Es como decirle: ¿sabías que te prostituirías? Entonces te mereces lo que te pasa».