La sentencia del español abre un cisma entre ERC y Junts

Se trata de la primera decisión de la formación, tras el pacto alcanzado entre Laura Borràs y Jordi Turull para hacerse con el control de la dirección del partido, después de las renuncias de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez. El sector más radical, encabezado por la presidenta de la Generalitat, empieza a imponer su sello y en su ideario está romper con ERC y dejar el Gobierno catalán. El divorcio lingüístico entre las dos fuerzas independentistas se produce en plena polémica sobre el caso del espionaje, que había cohesionado al nacionalismo.

El Govern catalán impulsó una reforma de la ley de política lingüística de 1998 como una herramienta con la que confiaba sortear la sentencia que le obliga a dar el 25% de las clases en español. PSC, ERC, Junts y En Comú Podem pactaron un principio de acuerdo que por primera vez reconocía el castellano como lengua vehicular, aunque no fijaba ningún porcentaje. Dejaba esta decisión en manos de los directores de los centros.

Días después de que el TSJC diera 15 días hábiles al Govern para ejecutar la sentencia de manera inmediata, Junts ha anunciado que rompe el consenso lingüístico junto a socialistas, republicanos y comunes y no apoyará la reforma de la ley que proponen las otras tres fuerzas. El Govern quería aprobarla en breve para enviarla al juez dentro del plazo de los 15 días para ejecutar la sentencia. Aragonès tiene que tomar una decisión: si sigue adelante con la reforma de la ley junto al PSC y los comunes, a riesgo de que sus socios le acusen de buscar el «tripartito lingüístico», o se pliega a las exigencias de Junts y rompe el consenso con los socialistas.

Fuentes de Junts señalan que la reforma de ley no sirve para sortear la sentencia y que a la gente hay que decirle la verdad. Los junteros han avisado que no aceptarán una reforma legal que «no servirá para proteger la inmersión». «No avalaremos ninguna medida que suponga un retroceso en el catalán», ha afirmado Josep Rius, vicepresidente de Junts. En la formación de Puigdemont avisan al Govern que en relación a la sentencia sobre el español solo hay dos opciones: acatar o desobedecer. Todo lo demás, a su juicio, es engañar a la ciudadanía.

ERC ha «lamentado» la decisión de Junts. A su juicio, la formación postconvergente ha actuado de manera «irresponsable» por las «discrepancias» que hay en el partido de Puigdemont. Los republicanos han acusado a sus socios de «romper» el consenso en la escuela catalana. «No hacer nada no es una opción», ha advertido la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. «Seguiremos trabajando y sumando», ha asegurado Vilalta. ERC estudiará todas las opciones, continuará hablando con Junts, pero «no descarta» aprobar la ley sin el concurso de sus socios de gobierno. La ejecución forzosa de la sentencia hace más urgente la reforma de ley de política lingüística, según los republicanos. Los comunes han pedido la convocatoria urgente del pleno para aprobar ya la reforma de la ley.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, ha señalado este jueves que «muy probablemente» enviará la instrucción a los centros educativos informando sobre cómo cumplir la sentencia pero no ha concretado su contenido.