Repaso a la nueva Lomce: sin religión ni reválidas

Las reválidas de Primaria, ESO y Bachillerato han estado en el punto de mira y ahora el PSOE está decidido a acabar con ellas. En su lugar, plantea que puedan ser sustituidas por evaluaciones de diagnóstico muestrales.

La reforma llega con bastantes novedades en cuanto a las materias. En concreto, en tres frentes. En primer lugar, con la Religión. La idea es quitarle peso y, para ello, dejará de ser asignatura de oferta obligatoria en Bachillerato, ya que serán las comunidades autónomas las que decidirán las materias optativas. Además, la nota dejará de computar para la media y no se tendrá en cuenta para conseguir una beca, por ejemplo. En cuanto a la Filosofía, ganará peso y estará presente en los dos cursos de Bachillerato. Y, finalmente, se introduce en Primaria y Secundaria una nueva materia, Valores Cívicos y Éticos.

El Bachillerato ha sido objeto de un amplio debate. En un primer momento, la ministra planteó la idea de un Bachillerato en tres años, en lugar de dos. La alternativa estaba dirigida a los alumnos que suspendieran dos asignaturas. En ese caso, en lugar de repetir curso, harían un curso 'puente', con las dos materias no superadas y algunas del siguiente curso. La comunidad educativa se opuso: la mayoría de los agentes y de la oposición política consideró que era una forma de 'enmascarar' las cifras de repetidores. Finalmente, parece que esa idea ha quedado descartada. Lo que sí se hará es permitir que los alumnos puedan obtener el título de Bachillerato aun teniendo una asignatura suspendida. En un primer momento se daba por hecho. Los últimos cambios dicen que será algo «excepcional, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados al título».

Lo dijo desde el principio: «Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir un uso racional de los medios», aseguró Isabel Celaá sobre la concertada. Y ha trasladado ese pensamiento a la reforma educativa. Mantiene la red concertada, pero con la firme intención de quitarle el blindaje que hasta ahora había tenido y que se traducía en la expresión «demanda social» como justificación para mantener las unidades en los centros privados financiados con dinero público. Según la ministra, se trataba de un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada». Y no está dispuesta a mantenerlo.

Uno de los aspectos que más críticas ha provocado de la reforma educativa es todo lo referente a la enseñanza del castellano en las comunidades con una lengua cooficial. Hasta ahora, se mantenía la obligación de impartir clases en castellano en una proporción «razonable». La ministra pretende que la nueva redacción se esta: «Las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes».

La derogación de la Lomce va acompañada de un proyecto de ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza. Con tres cuestiones básicas. Se elimina la posibilidad de aumentar las ratios máximas de alumnos por aula (hasta ahora se podía hasta un 20%). Se permitirá la sustitución de los docentes en situación de baja desde el principio, sin necesidad de esperar al décimo día. Y, finalmente, se establecen las jornadas lectivas máximas semanales: 23 horas en Infantil, Primaria y ESO y 18 en el resto de enseñanzas.