La reforma de la Lomce, sin consenso

El «máximo acuerdo» que la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha reclamado para la reforma educativa parece que tendrá que conseguirlo con la vista puesta en los escaños de Unidos Podemos y de los partidos nacionalistas (PNV, ERC y PdeCAT), con la misma mayoría absoluta que permitió la censura de Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

El más claro fue el líder del PP, Pablo Casado, quien aseguró que el proyecto que Isabel Celaá quiere llevar antes de fin de año al Consejo de Ministros, una vez recabe la opinión de las organizaciones educativas y de los órganos de la Administración, tiene el «rechazo absoluto» de su partido, porque no ve más que un «desmantelamiento» de la «buena» ley que impulsó José Ignacio Wert y la vuelta al modelo «fracasado» de la Logse socialista.

 Ciudadanos, por su parte, solo observa una ley de parte -«divisiva», que vuelve a utilizar la educación como «un arma arrojadiza» entre partidos y que se aleja de la reforma del sistema «profunda y consensuada», que es la única que apoyará.

Además, el partido de Albert Rivera rechaza lo mismo que ya ha provocado el aplauso de los independentistas de ERC y PDeCAT, que la reforma pretende volver al planteamiento de la LOE en cuanto a la enseñanza en las autonomías con lenguas cooficiales. Serán estas comunidades las que decidan sobre los criterios del aprendizaje de los idiomas y las que regularán en qué lengua se pueden matricular los alumnos y en cuál se les evaluará. Las autonomías también decidirán un 35% de los contenidos del currículo (un 45% las de lengua cooficial).

La reforma que el Gobierno quiere mandar en enero al Parlamento prevé retirar el valor académico a la Religión, que también carecerá de asignatura alternativa, y establecerá como obligatoria en dos cursos de Primaria y ESO la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos.

Su borrador elimina el concepto de «demanda social» que permitió crear más plazas de concertada si las pedían los padres; da prioridad a los conciertos con centros que no segregan por sexos; suprime las reválidas de Primaria y ESO -que se quedan en evaluaciones sin valor académico- y la de Bachillerato; crea un plan para intentar rescatar a los repetidores del fracaso académico; y termina con los itinerarios que desde 3º de la ESO orientaban a los escolares a Bachillerato o FP.

La nueva ley, si logra el respaldo del Parlamento, también aumentará los poderes del consejo escolar y el peso de padres, alumnos y docentes en la elección de director; y volverá a estructurar la Primaria en tres ciclos de dos años cada uno, lo que debería dificultar la repetición temprana, pues la evaluación ya no será anual sino bienal.