El pacto educativo se enreda en la metodología y se pospone una semana

El representante de Unidos Podemos Javier Sánchez pidió que se cambiase el acuerdo alcanzado en la sesión del pasado 14 de noviembre, cuando con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE se decidió que tanto el hipotético documento final como cualquiera de los puntos del pacto tendrían que contar con el apoyo mínimo de los dos tercios de la cámara, 233 diputados, para que la posible futura ley educativa contase con un consenso político muy alto y tuviese garantizada su estabilidad. Una cifra que solo se logra con el apoyo de al menos tres de los grandes nacionales.

No obstante, la razón fundamental de objeción, indicó Sánchez, es que con esa exigencia de votos el PP, con sus 137 diputados, tendría la capacidad de vetar cualquier propuesta de los demás partidos que no le gustase. Es decir, nada podría incluirse en el acuerdo, aunque contase con el apoyo del resto de formaciones, si el PP se oponía. Es el único partido que tenía ese poder de veto.

Unidos Podemos propuso que, para que se puedan formar mayorías alternativas al PP, los acuerdos en la subcomisión deberían tomarse bien por mayoría absoluta -que es lo que precisaría una ley educativa para aprobarse- o bien por consenso o unanimidad.

Los grupos nacionalistas se sumaron a las quejas de Podemos y se terminó por acordar que, en la próxima reunión, el martes 23, los grupos debatirán y consensuarán una exigencia para la votación de los acuerdos aceptada por todos. Todas las opciones quedaron abiertas: unanimidades, mayorías simples o absolutas, u otras mayorías cualificadas, como la tres quintos, que no permiten el veto de ningún partido.

Ningún partido se ha desmarcado de las negociaciones ni de la búsqueda del pacto, salvo ERC, que anticipó que asistirá a los debates como oyente, pero que no lo firmará. Todos aseguran que van a intentarlo, pero todos también coinciden en que el acuerdo no será fácil y ya son varios los que ven más posible que los debates concluyan con acuerdos parciales para mejorar determinados aspectos del sistema educativo que con un pacto global, con un pacto de Estado, que podría ser imposible por varios temas enquistados en el debate político educativo.

El PP y Ciudadanos son los más entusiastas. Sandra Moneo, la portavoz popular, apostó por lograr «un pacto lo más ambicioso posible», que «dé al sistema los instrumentos para que pueda desarrollar todo su potencial». Cree que «es más lo que nos une que lo que nos separa» y que el pacto debe alcanzar a los 15 grandes apartados de los que se compone el guión acordado para la negociación. Marta Martín, de Ciudadanos, está convencida de se alcanzará el acuerdo educativo y también defiende que no puede ser un acuerdo «cosmético» sino uno que «no deje fuera nada de lo importante». «Debemos hacer un documento que sirva a para hacer una ley de bases, por lo que debe incluirlo todo», defendió.

«Acuerdo global no sé, es complicado, pero acuerdos parciales ya creo que sí. Igual no hay pacto de Estado, pero sí acuerdo educativo», comentó la portavoz socialista en la subcomisión, Mari Luz Martínez Seijo. Los pactos, no obstante, para sean posibles, avisó de que tendrán que estar garantizados con un acuerdo de financiación con las inversiones mínimas que las distintas administraciones tendrían que hacer en colegios e institutos en los próximos años, gobierne quien gobierne, para llevar a cabo las reformas y asegurar la equidad del sistema.

Unidos Podemos tampoco ve probable el pacto de Estado porque eso exigiría que antes el Gobierno derogase la Lomce y terminase con los recortes educativos, cosa que no ha hecho y que cree que no va a hacer. Sí ve posible sin embargo que se alcancen «pequeños acuerdos», pero considera que para eso, «que defraudará a la comunidad educativa», no hacía falta una subcomisión y más de un año de trabajo.

Si al final se llega a algún tipo de acuerdo -global o parcial- lo que es seguro es que será transversal y duradero. La razón es que, a propuesta de PP, C's y PSOE, cualquier reforma que se incluya en el documento que remitirán al Gobierno tiene que recibir el apoyo muy cualificado de los dos tercios del Congreso, 233 diputados, lo que supone el respaldo de al menos tres de los grandes partidos nacionales.

Todos coinciden en que aún es pronto para señalar en qué aspectos pueden ser posibles los acuerdos de la subscomisión. Sin embargo, los puntos que más se repiten son los cambios en la estructura del sistema educativo -duración de estudios, titulaciones, itinerarios-, la mejora de la formación del profesorado y del sistema de acceso a la profesión, las medidas para reducir el abandono escolar temprano y el fracaso escolar y luchar contra el 'bullying', y los cambios en el currículo de la Lomce, entre otros para simplificarlo, recuperar la Filosofía e implantar -como asignatura o materia transversal- la Educación en Valores Cívicos y Constitucionales y en Igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Otros puntos en los que se entiende que también deberían ser posibles los acuerdos es en la mejora del aprendizaje en lenguas extranjeras y en competencias digitales, en innovación pedagógica, y en potenciación de la FP.

Lo que sí está claro es qué puntos entorpecerán más los acuerdos o que incluso los pondrán en peligro si al final prima más la pelea ideológica sobre la educativa. La mayor controversia sigue en la asignatura de Religión, que PSOE y Podemos tienen claro que tiene que dejar de tener nota y salir del horario lectivo. El otro gran enfrentamiento es el carácter que debe tener la red de centros privados concertados, si complemetaria a la pública y sujeta a la libre elección o si subsidiaria y sujeta a la planificación pública.