La nueva ley de universidades combate la precariedad y el amiguismo

La norma la comenzó a elaborar el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, pero se puede decir que es ya 'la ley Subirats'. El actual titular de la cartera, en sus seis meses en el cargo, ha respetado partes del borrador de su predecesor, pero ha introducido muchas novedades y ha suprimido bastantes aspectos, en concreto los que generaban más roces con rectores y nacionalistas. Ha limitado la regulación a lo básico. Deja los detalles para los reales decretos y órdenes que la desarrollen, pero también ha optado por dejar en manos de cada autonomía y universidad la regulación de aspectos tan relevantes como las características concretas y el tamaño de los principales órganos de gobierno y representación o del perfil que deben cumplir los candidatos a rector y su elección. Estos son alguno de los puntos principales:

La carrera docente tendrá como escalones los profesores ayudantes doctores, los profesores titulares o permanentes y los catedráticos. La temporalidad máxima en los campus debe reducirse a menos de la cuarta parte, del 40% actual al 8%. El profesorado funcionario, por contra, debe subir del 51% de la plantilla al 55%. Se crea la figura del profesor sustituto para reemplazar (durante un máximo de tres años) a los fijos en permisos o bajas.

La ley busca acelerar la renovación de los puestos fijos de profesor (el 53% se jubila en 8 años) con un diseño de carrera que permitirá pasar de un contrato predoctoral a profesor titular o permanente en diez años (con seis de ayudante doctor).

Termina con el fraude de ley de los falsos profesores asociados. Una figura para que profesionales diesen clase a tiempo parcial que acabó a partir de la crisis con docentes a tiempo casi completo y con sueldos pírricos que sostienen muchas universidades. Volverá a ser lo que se pensó. Las universidades tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para convocar concursos de méritos que conviertan las 25.000 plazas de asociados que hay en España de contratos temporales a indefinidos a tiempo parcial. Este cambio, además de estabilidad, les permitirá mejores condiciones laborales, garantizando la antigüedad, la indemnización y complementos salariales.

Las universidades van a jugar un papel central en la actualización de conocimientos profesionales a lo largo de la vida. Ahora solo un 6% de los estudiantes tienen más de 30 años. Ofertarán microgrados de reciclaje, flexibles, de corta duración (semanas o pocos meses), pero con validez académica. Para titulados, pero también para profesionales que acrediten que tienen el nivel suficiente para recibirlos. Los titulados tendrán preferencia para cursarlos en su antigua universidad.

El candidato a rector no tendrá por que ser catedrático. Se abre la puerta a los profesores titulares. Solo le piden méritos de investigación y docencia (cuántos los decidirá cada campus) y experiencia en un cargo de gestión académico. Su mandato pasa de 4 a 6 años, pero no habrá reelección. Iguales condiciones de mandato regirán para decanos o jefes de departamento.

La nueva ley deja la fijación del tamaño y los sistemas de elección de los principales órganos de gobernanza (Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social) a universidades y autonomías, salvo que el 25% del Claustro serán alumnos y el 51% profesores, y que en el Consejo de Gobierno habrá un 10% de estudiantes y otro tanto de personal técnico.

La ley recoge que Estado y autonomías tienen que destinar a la universidad para 2030 al menos un 1% del PIB español, la media europea. Hoy es un 0,7% y en los últimos 12 años se ha reducido la financiación pública en un 20%. Recibirán al menos una financiación suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento básico (personal, corrientes e inversiones) más otro aporte adicional por objetivos (resultados docentes o de investigación).

Los profesores ayudantes doctores recibirán en su primer año de acceso a la docencia universitaria un curso pedagógico para aprender a dar clase.

Los estudiantes extranjeros que vengan a cursar grados o máster tendrán visado para la duración completa de los estudios e, incluso, para hacer prácticas dos años después. Otra novedad son los contratos de «profesores distinguidos». Un instrumento que permite el fichaje temporal de científicos de renombre mundial.

La ley quiere acabar con el amiguismo y la endogamia. El 70% de profesores trabaja en el campus en que se doctoró. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber una mayoría de profesores de otras universidades elegidos por sorteo.

Las mujeres son el 55% de tituladas universitarias, pero solo el 41% de las profesoras y el 25% de las catedráticas. Se pretende romper este techo de cristal con medidas como reservar un porcentaje de plazas en algunos concursos o que tengan preferencia a igualdad de condiciones sobre los hombres en áreas masculinizadas. También pide paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección.

Prevé toda una batería de medidas para favorecer la investigación y la transferencia de innovación a la sociedad. Obliga a que todas las universidades inviertan al menos un 5% de su presupuesto en este área y a reservar al menos el 15% de las plazas docentes para investigadores.

Las universidades deberán tener servicio de atención a la discapacidad, un cupo de reserva de plazas de profesor y PAS para este colectivo y facilitar la docencia en lenguaje de signos. También deberán tener un plan de inclusión y no discriminación por discapacidad, etnia, origen, sexo o identidad sexual.

Si la LOSU se aprueba en los términos actuales los alumnos tendrán una mejora notable de derechos. Se garantizará su derecho al paro académico. A parar las clases para acudir a asambleas o protestas sin que nadie pueda impedirlo con la celebración de exámenes o la toma de represalias. Eso sí, la convocatoria debe notificarse oficialmente y decidirla el órgano de representación de los alumnos.

La ley también manda a las universidades que garanticen la participación de los alumnos en las comisiones de la facultad o la institución donde se analiza la evaluación de los docentes, donde se diseñan los planes de estudio y temarios y donde se decide cómo serán los exámenes y pruebas a los estudiantes.

Los alumnos también deberán contar en todos los campus con un nuevo órgano de representación, el Consejo de Estudiantes, con una unidad que garantice que reciben atención para su salud psíquica y emocional, con estructuras de mentoría (alumnos de tercero o cuarto curso guiando al comienzo del año a los de primero) y con equipos de orientación profesional para ayudar a los estudiantes a encauzar sus intereses.