La negociación del pacto educativo llega a un punto clave con el debate de la financiación

El PSOE y Podemos esperan con interés a conocer la propuesta del PP porque creen que, más allá de las palabras, les va a servir para medir el grado de compromiso real del Gobierno en la búsqueda de un gran pacto educativo, si de verdad apuesta por abandonar la senda de los recortes y por tratar de acercar la inversión y las becas en España a las medias de los países desarrollados, de las que están muy lejos.

Para Mari Luz Martínez Seijo, la portavoz socialista, «si no logramos acordar unos mínimos de financiación garantizados, el pacto educativo no tendrá ninguna credibilidad», e incluso puede estar en peligro. Lo mismo defiende Javier Sánchez, representante de Unidos Podemos, que adelantó, no obstante, que seguirá en la mesa de negociación, pase a hora lo que pase. «Si no hay un compromiso fuerte de financiación, el pacto educativo al que se llegue estará aguado y no se le podrá llamar así», porque como mucho, matizó, serán «unos acuerdos parciales y de mínimos».

Los socialistas exigirán, como suelo,la garantía de que el gasto educativo subirá cada año y alcanzará el 5% del PIB, la media de la UE, en 2025 como muy tarde, y que, a largo plazo, tenderá a llegar al 6% de los países punteros. Podemos pedirá mucha más celeridad. Quiere que el gasto educativo llegue al 5% del PIB ya en 2020 y que siga su avance hasta el 6%, en 2022, y al 7%, en 2024.

Ciudadanos considera «una irresponsabilidad» dar una cifra de mejora mínima sin determinar antes qué reformas se incluirán en el pacto y su coste. «Lo que es esencial -dijo Marta Martín- es elaborar una memoria económica, basada en el coste por alumno, y blindar la financiación suficiente no solo desde el Estado central sino también desde las autonomías, para evitar desigualdades territoriales, como que por nacer en una comunidad tengas de entrada 2.000 euros por alumno más que en otra». Su opinión es que «no es posible un pacto si no se garantiza esta financiación», pues sería «insuficiente» y «poco equitativo».

Si el PP y el Gobierno quieren aproximarse a las exigencias de la oposición tendrán que dar un giro notable al gasto educativo, que en la actualidad está sobre el 3,9% del PIB, en el porcentaje menor de la última década, un punto por debajo de la media de la UE (4,9%) y muy lejos de la media de la OCDE (5,3%). De hecho, la evolución prevista por el Ejecutivo en el plan de estabilidad enviado a Bruselas es justo la contraria, que el gasto educativo crezca menos que el PIB. En el documento indica que en 2018 representaría el 3,8% de la riqueza nacional, en 2019, el 3,7%, y en 2020, el 3,67%.

El gasto educativo en España alcanzó su máximo histórico en 2009, con un 5% del PIB y 53.375 millones. Con la llegada de la crisis comenzó su retroceso, que se aceleró con el decreto de recortes del PP de 2012. En 2014, en su momento más bajo, el gasto retrocedió 9.000 millones con respecto a 2009. A partir de 2015 inició una ligera mejora, pero en 2016 -pese a estar España ya en un PIB equivalente al del comienzo de la crisis- solo se había recuperado un tercio del gasto educativo perdido desde 2009 y aproximadamente la mitad de la rebaja sufrida por este sector desde 2011.