Miles de personas se manifiestan en Barcelona a favor del bilingüismo

La protesta ha cargado contra el Govern, pero también contra el Gobierno, el PSOE y el PSC, los que «dicen negociar el futuro de Cataluña y negocian el suyo propio», según los organizadores. Vox y Cs han desplazado a su plana mayor nacional, con Santiago Abascal e Inés Arrimadas a la cabeza. Alberto Núñez Feijóo, que aboga por un «bilingüismo cordial», ha evitado la foto junto a otros representantes de la derecha. En su lugar, el PP ha estado representado por su número dos, Cuca Gamarra.

Escuela de Todos, entidad que agrupa a 15 organizaciones, ha leído un manifiesto en el que ha reclamado que el castellano sea lengua vehicular, «adoptando las medidas académicas y jurídicas que sean necesarias para lograrlo», ha pedido al Gobierno que cumpla y haga cumplir la Constitución, que los tribunales acaben con la vulneración de derechos, que se ponga fin a la «arrogante» desobediencia de la Generalitat, que el Govern cambie su «modelo represor con el español» y que los miembros de la comunidad educativa «se sientan libres para hablar en la lengua que deseen, en la escuela y fuera de ella, y no se dejen acosar por los que pretende recortar sus derechos y libertades».

Ana Losada, portavoz de la entidad impulsora de la manifestación, ha denunciado la imposición de la inmersión, un sistema que ha calificado de ilegal. Ha acusado a los nacionalistas de poner en peligro el catalán por convertirla en una lengua «antipática», de imposición y del poder. «Basta ya de una escuela monolingüe», de «excluir al español y de «perseguir» a padres, alumnos y profesores por hablar en castellano, ha señalado. «Basta de hispanofobia» y de considerar a los castellanohablantes como ciudadanos «impropios» de Cataluña, ha afirmado. Losada ha criticado que les llamen fachas cuando nunca han acosado a familias y ha criticado las ausencias de quienes en campaña electoral se desplazan a los barrios obreros hablando en español, en referencia al PSC. José Domingo, de Impulso Ciudadano, en nombre del padre de Canet, ha afirmado dirigiéndose al presidente de la Generalitat que no quiere atacar el catalán, que lo quiere es la mejor educación de sus hijos y que puede «engañar a algunos, pero no podrá engañar a todos siempre». Carlos Silva, de Docentes Libres, ha espetado al presidente del Gobierno: «Con los derechos de nuestros hijos no se mercadea».

Antes de la marcha, Losada ha llamado a defender el castellano ante el «trato discriminatorio» que recibe a su juicio de las administraciones. La protesta, ha dicho, reivindica «los derechos lingüísticos de todos los catalanes». Losada ha acusado al Gobierno y a la Generalitat de «trabajar para conseguir que no se aplique» la sentencia del 25%. «Basta de tratar el castellano como una lengua secundaria», ha rematado antes del inicio de la manifestación. Gamarra ha acusado al Govern de »pisoteo de derechos lingüísticos con la complicidad del Gobierno». Arrimadas, por su parte, ha arremetido contra lo que ha considerado la «imposición antigua, ridícula y sectaria» del catalán en Cataluña. Abascal ha reclamado aplicar el artículo 155 para «que la legalidad sea restituida» y se mantenga hasta que se garanticen los derechos lingüísticos.

Algunas de las críticas más airadas se las ha llevado el PSC. Y es que los socialistas han apoyado la estrategia legislativa diseñada por el Govern para esquivar la sentencia del 25%. El pasado 25 de enero, la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en español pasó a ser firme, después de que el Supremo la ratificara. Todo hacía indicar que el Govern tendría que modificar su política lingüística en las escuelas públicas y concertadas y a introducir el español también como lengua vehicular, de enseñanza de las materias, no como una asignatura más. Sin embargo, el Govern ha logrado esquivar, de momento, el cumplimiento de la sentencia. Y el curso ha empezado en Cataluña sin cambios, todo en catalán y sin que ningún centro haya tenido que adaptarse al fallo judicial.

La Generalitat presume que de momento ha ganado la batalla judicial del 25%. Hasta el punto, que el Departamento de Educación trasladó antes del inicio del curso una instrucción a los 27 colegios afectados por sentencias o en espera de decisiones judiciales que tenían la obligación de impartir al menos una de cada cuatro asignaturas en castellano en alguna de sus aulas para que no apliquen el 25% de español en las clases. Es el caso, por ejemplo del centro de Canet de Mar (Barcelona), en el centro de la polémica hace unos meses por la presión que tuvieron que soportar los padres que consiguieron en los tribunales que su hijo reciba el 25% de las asignaturas en español. El Govern ha pedido a estos centros que vuelvan al proyecto lingüístico plenamente en catalán. Según la Generalitat, con la nueva normativa aprobada (una ley y un decreto), no es necesario que apliquen porcentaje alguno en la enseñanza.

Eso sí, a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. Tras la sentencia del TSJC que obligó a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en español, fallo ratificado por el Supremo el pasado mes de noviembre, el Govern puso en marcha una ofensiva legislativa para tratar de esquivar la aplicación de la sentencia. En primera instancia, lo ha logrado, aunque el pleito por el español en las aulas catalanas apunta a que va para largo. Con el visto bueno del PSC y de los comunes, el Govern catalán aprobó una nueva ley lingüística sobre el uso de lenguas oficiales en las aulas. También aprobó un decreto sobre proyectos lingüísticos de los centros, que no fijaba porcentajes y no ordenaba a los centros a aplicar el 25% de español. En este caso, solo se sumaron los comunes.

El TSJC, que había dado un ultimátum al Gobierno catalán para que adoptara las medidas para empezar a cumplir el fallo judicial, admitió que con la nueva normativa la sentencia del 25% es inaplicable. Eso sí, trasladó el problema al Constitucional, que es quien deberá determinar si la nueva normativa aprobada por el Govern y la Cámara catalana se ajusta a la Carta Magna. PP y Ciudadanos impugnaron la ley y el decreto al Constitucional, que ya ha admitido a trámite el recurso y deberá resolver sobre el asunto. La derecha carga contra el sumisión del Gobierno y del PSC ante los nacionalistas. Les critican haber apoyado la ley y no haberla impugnado ante el Constitucional por conveniencia política. El apoyo de ERC al Gobierno exigía ese peaje y el de los indultos, señalan.

La Generalitat de Catalunya ha conseguido «parar» la aplicación de la sentencia del mínimo del 25% «fabricando» una ley y un decreto que mantiene al español como una asignatura más, pero que impide que se utilice como lengua vehicular: lengua en la que se enseñan contenidos, señala el manifiesto de la manifestación. «Después de más de tres décadas de exclusión del español de las aulas catalanas y ante una sentencia clara y firme, el Gobierno de España ha mantenido una posición cómplice con la actuación desleal de la Generalitat y se niega a recurrir ante el Tribunal Constitucional la legislación que impide la aplicación de la sentencia», añade. «Es el momento de la movilización, es la hora de que los ciudadanos digan basta al continuo trueque de nuestros derechos para obtener réditos políticos. En una sociedad bilingüe como la catalana, donde la mayoría de los catalanes tienen el español como lengua materna, no podemos normalizar una escuela monolingüe en catalán», remata.