La mayoría de autonomías solo abrirán las aulas este curso para Bachillerato, FP y ESO

La Conferencia Sectorial de Educación, que reunió durante cuatro horas a la ministra y a todos los consejeros, dejó claro que no habrá postura común sobre cómo abordar el retorno al aula en el final de curso. Cada territorio tiene sus propios planes sobre quién debe volver a clase y cuándo, o si mantendrá el cierre hasta septiembre.

Al final, Isabel Celaá admitió que cada autonomía es competente para tomar sus decisiones dentro de las normas marcadas por el Gobierno para la desescalada, que básicamente son que no podrán darse clases presenciales hasta la fase 2 -que no comenzará antes del 25 de mayo-, que los grupos no pueden ser superiores a 15 alumnos, que se aplicarán todas las medidas de seguridad, que se deben evitar las aglomaraciones, y que la asistencia a clase será voluntaria.

Los consejeros adelantaron que, por motivos de seguridad sanitaria, y coincidiendo con el criterio de pediatras y profesores, no abrirán las aulas este fin de curso a los niños de 0 a 6 años, y portavoces de Castilla y León y Murcia apuntaron que barajan no abrir los colegios e institutos hasta septiembre. El ministerio, no obstante, recordó que la posibilidad de atender en el aula en las próximas semanas a alumnos de Infantil, así como a estudiantes que precisen de clases de refuerzo o a escolares de centros de educación especial, está autorizada por el Gobierno.

De igual manera, la nota del ministerio aclara que la organización y realización de las pruebas de la EBAU, a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio según la comunidad, serán responsabilidad exclusiva de cada autonomía, que deberá determinar los lugares de examen y garantizar las condiciones y medios para evitar los contagios.

La tercera cumbre educativa que se celebra desde el inició el estado de alarma tampoco llegó a consenso alguno sobre la fórmula con la que se abordará el próximo curso escolar, también condicionado por el coronavirus. El único acuerdo al que llegaron Celaá y los consejeros fue al de formar un grupo de trabajo que tendrá el encargo cerrar antes de las vacaciones estivales una serie de planes de actuación que orienten a autonomías y centros educativos sobre la forma de organizar el curso y las clases a partir de septiembre, evolucione como evolucione la epidemia.

Este trabajo abordará diversos aspectos como la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital, y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia con soluciones concretas para los tres escenarios que se estiman posibles: que el curso comience sin necesidad de mantener la distancia interpersonal, que esta media sea indispensable, e, incluso, que sea preciso volver a suspender las clases presenciales por un rebrote del virus y un confinamiento.

Lo pactado ya adelanta que, en cualquier caso, será preciso reducir los currículos a lo fundamental, para recoger lo no dado este curso; y que si la distancia interpersonal sigue siendo algo obligado en septiembre habrá que dividir los grupos y adaptar nuevas estancias para acogerlos, combinar la docencia presencial con la telemática, y poner varios horarios de entrada y salida. También que los centros, que tomarán medidas de control sanitario, recibirán material higiénico para personal y alumnos y formarán en su uso a todos ellos.

El departamento de Celaá avanza que está diseñando junto al Ministerio de Economía un plan de digitalización con financiación estatal para asegurar la docencia telemática ante posibles rebrotes. Dotaría de equipamiento tecnológico y nuevas herramientas a los centros, formaría en su uso a profesores y alumnos, establecería contenidos y sistemas de evaluación compatibles con la educación 'online', y enfrentaría la brecha digital al seguir y dar apoyo a los alumnos con más problemas para aprovechar la docencia telemática.