La justicia ve «inconstitucional» la norma del Govern que esquiva el 25% de español

El Alto Tribunal catalán ha fallado a favor de tres familias que pidieron que sus hijos tuvieran más horas de español en sus escuelas de Cataluña. El TSJC ha estimado la petición de las familias, en el sentido de considerar que «tienen derecho a que el centro escolar proporcione una enseñanza efectiva y equilibrada en lengua castellana, que comprenda al menos, aparte de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que deba considerarse como troncal o análoga». Es decir, la justicia obliga a esos tres centros a impartir al menos el 25% de las asignaturas troncales (como mínimo una) en español, tal y como habían establecido sentencias previas del propio TSJC y del Supremo. La sentencia solo afecta a las aulas de los padres demandantes no al centro entero.

Tras una sentencia del TSJC que obligó a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en español en todos los centros, fallo ratificado por el Supremo el pasado mes de noviembre, el Govern puso en marcha una ofensiva legislativa para tratar de esquivar la aplicación de la sentencia. El Govern catalán aprobó una nueva ley lingüística sobre el uso de lenguas oficiales en las aulas. También aprobó un decreto sobre proyectos lingüísticos de los centros, que no fijaba porcentajes y no ordenaba a los centros a aplicar el 25% de español.

El TSJC, que había dado un ultimátum al Gobierno catalán para que adoptara las medidas para empezar a cumplir el fallo judicial, admitió que con la nueva normativa la sentencia del 25% es inaplicable. Eso sí, trasladó el problema al Constitucional, que es quien deberá determinar si la nueva normativa aprobada por el Govern y la Cámara catalana se ajusta a la Carta Magna. Pero el TSJC ya avanza que ve esa normativa anticonstitucional, «en lo que se refiere al carácter oficial del castellano y la proyección que dicha naturaleza impone en la consideración y el uso de dicha lengua en la enseñanza».

Antes de que el Govern aprobara la nueva normativa para intentar esquivar la sentencia del 25% que afecta a todos los centros, hubo padres que a título individual recurrieron a la justicia para reclamar más castellano para sus hijos. Hasta la fecha, la justicia había reconocido de manera cautelar el derecho de estos niños a recibir más español en las aulas, pero tras las últimas sentencias, este derecho ya es de obligado cumplimiento. De momento son tres fallos sobre tres aulas de tres centros.

«La garantía constitucional y legal del uso mínimo del castellano, como lengua de aprendizaje, no aparece garantizada de modo suficiente en el centro escolar que examinamos», afirma el TSJC en tres sentencias. «Incluso, ni tan siquiera aparece que puedan cumplirse razonablemente los objetivos sobre uso educativo y curricular del castellano fijados en la nueva legislación catalana de 2022», señala. «La presencia de la lengua castellana en este centro escolar no puede considerarse como una presencia adecuada, debiendo adoptarse las medidas idóneas para garantizar el derecho del alumno a recibir enseñanza en castellano, tal como se recoge en la doctrina constitucional y se establece en la legislación, sin que resulte necesario el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad», afirma. «Debe considerarse que la presencia del castellano es insuficiente», insiste. Es más, asegura que la inmersión lingüística en las escuelas catalanas «solo podría aplicarse si hubiera la opción de dos regímenes lingüísticos».

El Govern ha cargado con dureza contra el TSJC, al que ha acusado de «excederse en sus funciones» y «suplantar funciones del legislativo». «El TSJC, la función pedagógica no la tiene reconocida por ley. El TSJC no tendría que inmiscuirse en razones que son pedagógicas», ha afirmado la consejera de Educación, Anna Simó. El Govern elevará un recurso al Supremo.