La Justicia cree que el decreto sobre el catalán vulnera 7 artículos de la Constitución

Así, el fallo obliga a impartir un 25% de las clases en español, mientras la ley y el decreto del Govern aseguran explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas y reafirman el catalán como la «lengua vehicular». De momento, la Generalitat se sale con la suya y logra, por ahora, esquivar la sentencia judicial. Por ello, el consejero catalán de Educación, en un tono muy triunfalista, habló de «gran victoria» judicial y de «fantástica noticia» para el idioma catalán. «Hemos ganado una batalla pero no la guerra», apuntaron en Junts. Y es que, la justicia cree que el decreto y la ley sobre el catalán aprobados por el catalán podrían vulnerar hasta siete artículos de la Constitución (3, 9.3, 24.1, 27, 86 117 y 118). Por ello, el TSJC ha decidido instar a la partes personadas en esta causa legal a que en un plazo de 10 días puedan alegar sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

«Estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia como consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad, de cuya validez depende la decisión que debemos adoptar, lo que nos obliga a plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional», afirman los jueces, que dejan en suspenso la aplicación del fallo, a la espera de que resuelva el Tribunal Constitucional. El TSJC tenía que dar respuesta al escrito presentado por la Generalitat el último día de mayo, cuando expiraba el plazo dado por la justicia para ejecutar el fallo. En su defensa, el Govern alegó que la sentencia es inaplicable, en tanto en cuanto existe una nueva normativa legal, aprobada in extremis, que asegura explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas y reafirma el catalán como «lengua vehicular».

Esta «primera victoria parcial», según el independentismo, supone un «primer paso», advirtió el consejero de Educación, «para que en ninguna aula de Cataluña se aplique el 25% de castellano». El Govern afirmó que tanto el decreto (aprobado por PSC, ERC, Junts y los comunes) como la ley (validada por ERC, Junts y los comunes superaron el dictamen del consejo de garantías estatutarias sobre su adecuación a la Carta Magna y al Estatuto.