El Govern obvia el 25% de español en sus instrucciones a los centros

No obstante, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, evitó confirmar si está obedeciendo o no a la justicia. Se limitó a decir que el Gobierno catalán está alejando a los tribunales de las escuelas y está actuando de «escudo» para los docentes como «máximo responsable legal». Será la justicia la que tendrá que determinar si el Govern cumple la sentencia sobre el 25% de español con el mero envío de las instrucciones y con la aprobación del nuevo marco normativo.

Está por ver, ya que ninguna de las directrices enviadas a los centros dice que tienen que impartir el 25% de las clases en español. Es decir, la Generalitat no requiere formalmente a las escuelas a que al menos una de las asignaturas troncales, como matemáticas, se han de enseñar en lengua castellana, como establece la sentencia. Es más, la circular enviada a los centros proclama la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Y, además, el Govern avisa a los profesores de que «no pueden optar por un uso de la lengua diferente al previsto en cada proyecto lingüístico». Cierra, por tanto, la puerta a que los docentes partidarios de cumplir estrictamente el 25% de español en las aulas puedan hacerlo. Sí reconoce, en cambio, el uso «curricular» de ambas lenguas en la escuela.

Las instrucciones incluyen un cuestionario de siete preguntas para saber si cada centro ciñe su proyecto a la nueva legalidad en el uso de las lenguas aprobada por el Ejecutivo autonómico. Hay preguntas acerca de si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza, si prevé que el catalán sea la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje y si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano. La Generalitat confía en esquivar la sentencia al fijar un nuevo marco normativo «para no aplicar porcentajes en ningún aula».

El decreto ley será validado por ERC, Junts y los comunes. El PSC apoya la nueva ley del catalán que está próxima a aprobarse, pero se opone al decreto pues entiende que no cumple la sentencia. PP y Vox, mientras, anunciaron que lo llevarán al Constitucional e instaron al Gobierno a que haga lo propio. Vox y Cs incluso reclaman la aplicación de un nuevo 155.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe solicitará al TSJC nuevas medidas de ejecución del fallo ante lo que considera una «evidente desobediencia» por parte de la administración catalana.