El Govern se niega a fijar porcentajes sobre la enseñanza en español

El decreto, que entró este lunes en vigor, fija los criterios que requiere la Consejería de Educación a los centros educativos a partir del próximo curso a la hora de elaborar los proyectos lingüísticos «a efectos de establecer los aspectos relativos en la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales». El pasado 9 de mayo, el TSJC dio 15 días hábiles al Govern para cumplir la sentencia. El plazo acaba este 31 de mayo. En concreto, exigió al Ejecutivo catalán que dictara instrucciones oportunas para aplicar el 25% de español en la enseñanza, que equivale a impartir una asignatura troncal en español y no todas en catalán como hasta ahora.

Con el decreto aprobado será cada colegio (público y concertado) el que deberá ahora elaborar un nuevo proyecto lingüístico, sobre la base de este nuevo marco normativo, y tendrá 30 días para ello. Deberá tener en cuenta la realidad sociolingüística de la escuela. El Departamento de Educación validará ese nuevo plan y será el que asumirá la responsabilidad legal. La Fiscalía advirtió a los directores de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no aplicaban el fallo del TSJC. El objetivo del decreto, dijo el Govern, es dar respuesta a la sentencia y al mismo tiempo proteger a los centros de las «injerencias de los tribunales» y también proteger el catalán, que se mantiene como única lengua vehicular en Cataluña.

El Govern cumple la parte de la sentencia que le obliga a dictar instrucciones claras a los centros, pero en cambio el decreto afirma de manera explícita que no es posible fijar porcentajes en la enseñanza como exige la justicia. La parte central del fallo queda en el aire y habrá que ver qué dice el juez. «La organización de la enseñanza y el uso de las lenguas de los centros educativos se fundamenta en la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes», recoge la norma.

El decreto cuenta con el aval de ERC y Junts y posiblemente de los comunes, cuando llegue al Parlament. Los socialistas, en cambio, creen que «no cumple» la sentencia del TSJC y supone un «desafío a los tribunales». Junts se felicitó por la norma que pone en práctica, a su juicio, la política de «confrontación contra decisiones judiciales injustas». PP y Vox estudian impugnar el decreto al Constitucional. Ciudadanos anunció que lo llevará al Consejo de Garantías Estatutarias, donde está también la nueva ley del catalán, apoyada por PSC, ERC, Junts y comunes, y que el Govern quería emplear como aval de que cumple la sentencia. Pero podría no aprobarla a tiempo, salvo que lo haga hoy de urgencia.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, afirmó que es el TSJC «quien tiene que determinar» ahora si este decreto da «respuesta acertada, oportuna o correcta», para cumplir con la sentencia. En el Govern confían que así sea. Las plataformas que abogan por el bilingüismo, impulsoras de los recursos que han propiciado las sentencias que cuestionan la inmersión, avisan de que «denunciarán» al Govern por «desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata».