El Gobierno prevé la aprobación de la 'ley Celaá' para Nochebuena

La estrategia que intentarán completar en el plazo de una semana el PSOE e Unidos Podemos es que el Senado dé el aprobado definitivo a la Lomloe, la octava ley educativa de la democracia, la que derogará la Lomce del PP, el próximo 23 de diciembre. Sería en el último pleno del año en la Cámara Alta, el mismo que ratificará los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Para que este objetivo sea posible, el texto del proyecto de ley tiene que llegar al pleno del Senado sin cambios, tal cual salió el 19 de noviembre pasado aprobado por el Congreso. Si se le introdujese la más mínima enmienda, la reforma educativa debería volver al Congreso, posiblemente no antes de febrero, para que la Cámara Baja avale o retire los cambios acordados por el Senado y dé la aprobación definitiva.

Los senadores socialistas, salvo imprevistos, tienen todo a su favor para lograr el objetivo. Cuentan con el apoyo a su estrategia de la única senadora de En Comú Podem, con el de los 13 de Esquerra Republicana y con los 10 del PNV. Estos cuatro partidos suman 134 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta del Senado, por lo que no solo tienen ya votos bastantes para asegurar la aprobación de la ley orgánica cuando llegue al pleno sino también para lograr desechar cualquier enmienda que quieran introducir otras formaciones políticas en los debates que se producirán en la Comisión de Educación este jueves y viernes.

Para dejar del todo claras sus intenciones, ninguno de los cuatro partidos citado, ni tampoco Bildu, han presentado enmienda alguna al texto de la 'ley Celaá'. La senadora del PNV Rosa Peral resumió hoy la estrategia con claridad. Su intención es que el pleno del Senado apruebe definitivamente la norma el 23 de diciembre, para derogar cuanto antes la Lomce del PP –«una ley que ha perjudicado al ámbito educativo»– e implantar la Lomloe, «que la mejora». En definitiva, los cuatro socios se dan por satisfechos por los cambios introducidos por sus formaciones al proyecto de ley durante su tramitación en el Congreso.

La estrategia gubernamental, así, desoirá la demanda de la plataforma 'Más Plurales', que engloba a los principales representantes de la escuela concertada, y que pretende que el Gobierno modifique en el Senado los aspectos de la ley que creen que atacan a estos centros.

Quien si que pretende salir a su rescate es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que, en una actitud que puede ser seguida por otras autonomías del PP, elevará mañana la duración de los conciertos educativos en su autonomía de seis a diez años, para tratar de blindar a estos centros ante las medidas que incluye la Lomloe, que pretende hacer de la escuela pública la columna vertebral del sistema educativo.