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El Gobierno ignoró este jueves las reiteradas demandas de los sindicatos de profesores para que aprovechase la ley con que la revierte los recortes educativos implantados por el PP en 2012 para fijar un horario lectivo único para todos los colegios e institutos del país.
La ley, que fue aprobada esta tarde de manera definitiva por el Congreso con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos y los grupos nacionalistas, indica que la parte lectiva de la jornada semanal de los docentes la fijará a partir del próximo curso cada una de las autonomías para los centros educativos de su territorio, con lo que deja la norma tal y como estaba hace siete años, justo antes de que el Ejecutivo del PP, dentro de su política de recorte del gasto público, elevase este horario a un mínimo de 25 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 20 horas en ESO, Bachillerato y FP.
La reforma impulsada por el Ministerio de Educación suprime los elevados mínimos de horario lectivo obligado por el entonces ministro, José Ignacio Wert, que provocaron la reducción de los refuerzos educativos, del tiempo de preparación de temas de los docentes, de las tutorías o de la atención a las familias, pero no marca un nuevo horario mínimo estatal como le reclamó el Consejo Escolar del Estado, a petición de la totalidad de los sindicatos de profesores.
El texto se limita a recomendar a las autoridades autonómicas que el máximo de las horas semanales de clase sea de 23 en Primaria y de 18 en Secundaria, con lo que, de ser atendido el consejo, se ganarían dos horas para que los docentes las dedicasen al resto de tareas no lectivas.
La misma ley deroga también el artículo del decreto de recortes que permitía elevar hasta un 20% el número de alumnos por aula y la disposición que prohibía cubrir con interinos las bajas de profesores hasta pasados al menos diez días lectivos (ahora se volverá a sustituir al docente desde el mismo momento de la ausencia).
Estos recortes introducidos en 2012 supusieron la pérdida de unas 30.000 plazas de profesores, elevaron el porcentaje de los interinos hasta el 20%, masificaron durante años las aulas, y redujeron de forma notable las posibilidades de atención a la diversidad y de lucha contra el fracaso escolar.
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