El Gobierno aprueba la 'ley Celaá', la reforma educativa que busca evitar las repeticiones

La pretensión de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, es que no existan «colegios guetos», de modo que un mismo centro no albergue de forma mayoritaria a un único tipo de alumnado de un nivel socioeconómico bajo. En este sentido, la Lomloe, que es como se llama oficialmente la norma que derogará la Lomce, permitirá repartir a los alumnos con pocos recursos entre los colegios públicos y los concertados. Hasta el momento, en todos los centros sostenidos con fondos públicos se reserva en torno al 10% de las plazas del aula para alumnos con discapacidades leves, inmigrantes o pertenecientes a determinadas etnias.

Esta nueva norma educativa, que es la primera ley que el Gobierno envía al Congreso en esta legislatura, llevaba metida en el cajón desde febrero de 2019, cuando se aprobó por vez primera en Consejo de Ministros. No llegó al Parlamento porque ese mismo día se anunció la disolución las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Con la aprobación por el Ejecutivo, se activan los mecanismos para su tramitación parlamentaria y para su discusión por parte de los grupos políticos en el Congreso y el Senado. Una vez que el proyecto legislativo entre en el Congreso, pasará a la Comisión de Educación, donde la presentación de enmiendas, su negociación y su votación puede prolongar durante meses su debate y aprobación, que se completará en la Cámara alta.

La ley promovida por Celaá pone el acento en la educación pública «inclusiva, de calidad y personalizada». Uno de sus objetivos es reducir de forma considerable el alto número de repetidores entre los alumnos españoles (la cifra, sobre el 28%, triplica la media de la OCDE). Según la nueva ley, la repetición de curso será la última opción. Una medida a acordar por todo el equipo docente que obligará a que el centro diseñe un plan de refuerzo personalizado para este alumno, controlado por un tutor, para tratar de evitar nuevos fracasos.

El proyecto también terminará con los itinerarios que la ley Wert imponía a partir de tercero de la ESO y que derivaba a los alumnos, según las asignaturas elegidas, hacia FP o Bachillerato. Todos los titulados en ESO podrán continuar los estudios secundarios por el camino que prefieran y los alumnos que completen FP Básica también lograrán título de ESO.

La norma permitirá acceder de forma excepcional al título de Bachillerato con un suspenso si así lo considera justificado el equipo docente. Se eliminarán las polémicas reválidas (habrá evaluaciones de diagnóstico sin valor académico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO). La asignatura de Religión será de oferta obligada, pero de elección voluntaria, y los alumnos que no la escojan no tendrán asignatura alternativa alguna. Su calificación dejará de contar para la nota media del alumno (becas y acceso a la universidad). Eso sí, todos los estudiantes cursarán una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la ESO. Y, en plena polémica del 'pin parental', se incluye la educación sexual de forma transversal en todas las áreas de Primaria.

En el actual proyecto de ley se permite que las comunidades autónomas decidan sobre el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como «lengua vehicular», siempre que quede garantizado un conocimiento suficiente del castellano al final de la educación obligatoria, pero será el Estado el que fije el 65% de los contenidos del currículo (del 55% en las comunidades con lengua propia).

El texto también introduce modificaciones en los criterios de planificación y admisión de alumnos en los centros educativos. Aquí estarían las disposiciones que liquidarán el concepto de «demanda social» introducido por la ley Wert, que ha permitido a algunos centros concertados aumentar plazas a petición de los padres; las que darán «preferencia» al establecimiento de conciertos con los centros privados que practican la coeducación frente a los que segregan por sexo; y las que aumentarán los puntos de cara a la admisión a las familias monoparentales y a los hijos de víctimas de la violencia machista y del terrorismo. También aumenta las competencias de los consejos escolares e introduce un cambio que devuelve la mayoría a padres, profesores y alumnos en la elección del director.

La prueba de acceso a la universidad, de momento, no se cambiará y se descarta realizar una única EvAU en todo el territorio español debido a las competencias que tienen las autonomías.

Celaá subrayó el martes en una intervención en el Senado que el «primer objetivo» de su reforma educativa es «aumentar la competencia cognitiva y, por ende, la empleabilidad» del alumnado.