El Gobierno que dirige Pedro Sánchez ha tardado poco más de diez días en derogar el real decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto en educación, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El anteproyecto de real decreto ley que ayer estudió ... el Consejo de Ministros, que solo tiene un artículo, contempla suprimir el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de diez días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
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Según expone el texto redactado por el Ministerio de Educación, el real decreto ley de 2012 justificaba las medidas por la «coyuntura económica del momento», de manera que «la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión».
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, destacó que el texto supone «la reversión de recortes de la Lomce, en lo que se refiere a los ratios de las aulas y a la carga docente». Con este anteproyecto de ley «hacemos que los centros educativos no incrementen en un 20% el número o ratio de alumnos en las clases, lo cual es de muchísima ayuda a la calidad de la educación», apuntó Celaá, que recordó que esta es una de las medidas más reclamadas tanto por los padres, como por los alumnos y los docentes.
La ministra incidió en que se capacita a las comunidades autónomas a que decidan ellas el horario de los profesores, a la vez que se elimina el máximo de diez días para sustituir al educador de baja, tiempo que Celaá estima que debe ser «inmediato» o en todo cas,o antes de tres días.
Pese a la expectación generada por las medidas, Isabel Celaá reconoció que no podrán ser aplicada antes del curso 2019-2020. Esto es debido a que el anteproyecto de real decreto tiene todavía que ser analizado por el Consejo Escolar del Estado. Una vez aprobado, volverá al Consejo de Ministros para ser ratificado como proyecto de ley y será a partir de entonces cuando la ley se remita al Congreso para su tramitación.
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Lo que sí entrará en vigor de manera «inmediata», una vez sancionado el texto por el Parlamento, es el plazo para la sustitución de los profesores.
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