El Govern intenta paralizar la ejecución de la sentencia del 25% en español

El argumento que esgrime el Ejecutivo catalán es que a su juicio la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) no está legitimada para instar a la ejecución forzosa del fallo judicial. El Govern reclama a la justicia que mientras resuelve su recurso, suspenda de momento la aplicación de la sentencia por los «graves perjuicios que puede suponer a toda la comunidad educativa» aplicar esta orden, según la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja. Argumenta asimismo que aplicar esta sentencia a pocos días de finalizar el curso escolar «sería una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas».

Òmnium Cultural también ha presentado un recurso y ha pedido al tribunal que anule el auto que forzó la ejecución del fallo.

Además del recurso judicial, el Govern prepara una ofensiva legislativa para intentar sortear la aplicación del fallo judicial. El Govern está trabajando en una reforma de la ley de política lingüística y en un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos. «El Govern actuará en todos los campos para proteger el catalán en las aulas y combatirá una decisión que no tiene nada de pedagógica y muy ideológica», según Plaja. Pere Aragonès impulsó la reforma legal como instrumento para intentar esquivar la sentencia con un amplio apoyo parlamentario del PSC, ERC, Junts y En Comú Podem. Semanas después, los junteros se desmarcaron. Socialistas, republicanos y comunes se han hartado de esperar a los de Puigdemont y este martes les han lanzado un ultimátum de 24 horas para que se avengan a acordar la reforma legal. Si no lo hacen, convocarán a la junta de portavoces para que el pleno de la semana que viene someta a votación su propuesta de cambio de la ley.