Un Congreso fracturado aprueba la 'ley Celaá'

Ni hubo marcha atrás en la polémica enmienda que retira el adjetivo «vehicular» a la lengua castellana en la enseñanza, ni salió adelante un intento de todos los grupos de centro-derecha -desde PP a PNV- para aflojar las medidas que amenazan con convertir a los centros concertados en subsidiarios de la red pública. El texto final es casi idéntico al que el viernes salió de la comisión.

La imagen que mejor ilustró la profunda fractura política se vio tras la hora y media de debate, con los diputados de PSOE, Unidos Podemos y ERC y la ministra Isabel Celaá aplaudiendo durante varios minutos puestos en pie mientras que las bancadas del PP y Vox, ataviados con el lazo naranja de la revuelta de la concertada, les respondieron golpeando los escaños al grito de «¡Libertad!».

Como las siete leyes precedentes, la Lomloe salió adelante sin consenso y con todos los puentes rotos para un hipotético pacto de Estado, lo que la aboca a que en un futuro, más o menos próximo, su texto sea reformado o derogado, algo para lo que ya se ha juramentado el PP. Lo pronosticó Ana Oramas, de Coalición Canaria: «Esta ley tiene los días contados».

La 'ley Celaá' fue aprobada con los 177 escaños de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidos Podemos, los nacionalistas de ERC y PNV, Más País, y los dos escaños de Nueva Canarias y Compromís. Tuvieron que ser 178, pero debido al error al pulsar el botón del presidente del grupo de Unidos Podemos, Jaume Asens, el proyecto superó la mayoría absoluta (176 escaños), el mínimo indispensable por ser ley orgánica, por un solo voto. Celaá se mostró «feliz» pese a que admitió que le hubiese gustado «más consenso».

Los cuatro grupos del 'sí' arrancaron sus intervenciones favorables con una celebración que se resume en la frase de la portavoz socialista, Luz Martínez Seijo: «Hoy es un día histórico. Siete años después derogamos la 'ley Wert' (la Lomce)». Toda la izquierda coincidió en que las objeciones a la Lomloe de «las tres derechas» no son más que «mentiras ruines y manipulaciones irresponsables», pues, aseguran, la norma ni va hacer desaparecer el castellano de Cataluña, ni va a cerrar colegios especiales, ni impide a los padres elegir centro.«No defienden la libertad sino los privilegios», resumió el portavoz de Unidos Podemos, Javier Sánchez.

La reforma educativa recibió un sonoro y contundente 'no' de PP, Ciudadanos y Vox, al que se sumaron UPN, Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, y Foro Asturias. La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, fue la más gráfica cuando dijo que «vamos a votar 'no' con las dos manos, porque demuele el sistema educativo», y el de Vox, Joaquín Robles, el más duro, ya que acusó al PSOE de «traicionar y abandonar al pueblo español y ponerlo al servicio de los oligarcas separatistas, que no tienen otro interés que convertir la educación en una fábrica de independendentistas». Con argumentos casi idénticos, acusan a la norma de «texto ideológico y partidista» que no busca el consenso; de dar la puntilla a la enseñanza en castellano; de bajar «peligrosamente» el nivel de exigencia; de buscar «el cierre» de colegios de educación especial; y de «conculcar la libertad de elección de centro» y «asfixiar» a la escuela concertada. Las tres grandes formaciones la tildaron de «canallada» y «despropósito», por lo que acudirán al Tribunal Constitucional para que decrete su ilegalidad.

El PP calificó a través de Sandra Moneo a la Lomloe como «una ley fallida que certifica la ruptura del pacto constitucional en educación» y aseguró que el PSOE renuncia a ser un partido de Estado, con un texto de radicales e independentistas, «solo por mantenerse en el poder». Los populares comenzaron hoy mismo una ofensiva nacional contra la ley adhiriéndose a las manifestaciones que el domingo realizará la concertada, con la inauguración por su líder, Pablo Casado, de una recogida de firmas en la calle, con una campaña en redes, con actos y reuniones con los detractores de la norma en todas las provincias, y con la votación de mociones en ayuntamientos y asambleas autonómicas.

El proyecto de ley recibió el visto bueno mientras los representantes de los colegios concertados -empresas, padres, sindicatos y asociaciones-, que han recogido 1,5 millones de firmas para pedir su paralización, protestaban por cuarta vez ante las puertas del hemiciclo. Agrupados en la plataforma 'Más Plurales', subirán el tono de sus movilizaciones el domingo, cuando tienen convocadas manifestaciones de vehículos por las calles de las principales ciudades españolas.

La futura ley, parte de cuyo contenido el Ministerio de Educación quiere ya aplicar de cara al curso 2021-2022, contiene una batería de medidas para convertir la repetición de curso en algo «excepcional» y para aumentar los porcentajes de alumnos que logran un título y proseguir estudios, tanto en la educación obligatoria (ESO) como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).

Las evaluaciones en Primaria se harán cada dos años y no cada curso; solo se podrá repetir dos veces en toda la educación obligatoria -hasta ahora eran una en Primaria y dos en ESO-; abre la puerta a promocionar en ESO sin un límite concreto de suspensos siempre que lo acuerde el equipo docente; será obligado que el repetidor tenga un plan de refuerzo personalizado; y el Bachillerato podrá cursarse en tres años.

Se liquidan las reválidas, termina con los itinerarios que la Lomce fijaba en la ESO (por lo que habrá un título único para todos los que superen cuarto o la FP Básica válido para seguir en el instituto o en FP); el Bachillerato se podrá lograr con un suspenso; y habrá mayor facilidad de acceso a la FP media.

La red pública se convertirá en el eje de la educación, en detrimento de la concertada. Se elimina la «demanda social» de la Lomce, que permitía a la concertada aumentar plazas y centros a petición de los padres; no se cederán terrenos públicos para colegios privados; se potenciará la creación de plazas públicas; se controlará la exigencia de cuotas obligatorias; en el proceso de admisión se terminará con el distrito único y se primara la cercanía, la renta y la presencia de hermanos en el centro; se pretende evitar la segregación con el reparto equilibrado de alumnos con necesidades de apoyo educativo -discapacitados, vulnerabilidad económica o extranjeros-; y se prohibirá el concierto con centros que separen por sexo.

La futura norma elimina el calificativo del castellano como lengua «vehicular» de la enseñanza en todo el país; permite a las autonomías fijar entre el 50% y el 60% del currículo; deja a la Religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; tanto en Primaria como en ESO habrá un curso en el que se impartirá una nueva materia, Educación en Valores Cívicos y Éticos; la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en segundo de Bachiller; el Gobierno y las autonomías fijarán por ley los criterios y requisitos para el funcionamiento de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos y se modernizarán los métodos de aprendizaje; se diseñará junto a las autonomías un plan para que en una década la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; se da más poder a padres, alumnos y profesores para la designación del director y la gestión del centro; y se fija el compromiso de que en el plazo de un año se elaborará un conjunto de normas para cambiar la formación inicial y permanente del profesorado, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente, entre otras múltiples medidas.