Un centro atenderá a las víctimas de violencia sexual las 24 horas del día

El Consejo de Ministros aprobará hoy el desembolso –19,8 millones para este año y de algo más de 46 millones para el próximo– para la creación y puesta en marcha de una red estatal de centros de atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual.

Este dinero, en coordinación con los trabajos de las autonomías y ayuntamientos, que son a quienes corresponderá gestionar estas instalaciones, debería permitir que en un máximo de dos años, en 2023, haya al menos un centro de referencia para este tipo de víctimas en cada una de las provincias españolas.

Sus funciones no colisionan ni con el trabajo policial ni con el de los sanitarios y forenses. En todo caso, serán un ente colaborador y un complemento. Las denuncias se seguirán interponiendo en la comisaría o en el juzgado y la atención sanitaria a las víctimas, así como la toma y custodia de muestras y pruebas para los informes forenses, se seguirá haciendo en los hospitales.

Los centros de atención integral son el lugar que contará a cualquier hora del día con los especialistas para atender a una víctima en todos los aspectos psicológicos, jurídicos y sociales que necesite ante una crisis o emergencia desatada por alguna de las violencias sexuales o ante la necesidad de solicitar ayuda por un caso del pasado. Algo muy similar a lo que son, desde hace años, los centros de ayuda a la víctimas de la violencia de género.

Este lugar de referencia estará abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, y dispuesto a dar atención presencial, telefónica u 'online' cuando se demande y sin necesidad de cita previa. Están diseñados para ayudar a cualquier víctima de 16 años o más. Para la violencia sexual en menores se crearán unos centros específicos, las casas de infancia, similares, pero adaptadas a sus peculiaridades y necesidades.

Las mujeres que contacten con los llamados centros de crisis, de los que hoy día solo existe uno en Madrid, no necesitarán poner denuncia. Es lo deseable, y algo que aconsejarán los propios especialistas, pero tendrán el mismo trato con denuncia o sin ella, porque si tienen el problema la ayuda la necesitarán igual. La segunda razón de no exigir denuncia es que, de hecho, más del 80% de las mujeres españolas que han sufrido violencia sexual alguna vez en su vida nunca se lo han comunicado a las autoridades. La última macroencuesta oficial fijó las víctimas de violencia sexual en al menos el 13,7% de las españolas (unos 2,8 millones) y de ellas más de 2,2 millones no habían denunciado.

Los centros como mínimo deberán tener un coordinador, un psicólogo o psiquiatra, una abogado, un trabajador o educador social, un administrativo y un mediador social o traductor, y todos ellos especializados en violencia contra las mujeres y atención de crisis. El acuerdo gubernamental, que este mes se debatirá con las autonomías en la conferencia sectorial, aconseja que las especialistas sean mujeres –porque ellas lo suelen preferir así– y explica que la atención será a corto, medio y largo plazo y que se adaptará a la demanda, tiempos y necesidades de las víctimas.

Informarán –cómo actuar, a dónde dirigirse, los derechos que les asisten–, intervendrán ante crisis –trasladando a la víctima al centro o desplazándose a donde esté–, darán ayuda psicológica especializada, asesorarán a la víctima, y la acompañarán en su recuperación psíquica y social. También liderarán campañas para prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual y dispondrán de una web en la facilitarán toda la información a víctimas y profesionales.