Celaá propone usar bibliotecas, gimnasios y salones de actos como aulas

En caso de que al final del verano no haya una vacuna contra el patógeno, como es lo más probable, el número de alumnos por aula se reducirá a la mitad, de forma que no se superen los 15 estudiantes. Si tal cosa así ocurriera, se tendrían que fraccionar la clases, tal y como ha hecho en Francia.

La ministra de Educación hizo todas estas propuestas en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde este jueves abogó por modernizar el sistema educativo. A su juicio, el currículo actual adolece de un exceso de «contenido enciclopédico». Es algo que se ha constatado durante la crisis sanitaria, en la que la organización escolar ha sido sometida a una «extraordinaria prueba de estrés».

Isabel Celaá no quiso extenderse mucho más sobre cómo será el regreso a las clases, toda vez que es el Ministerio de Sanidad el que ejerce el mando único. Aun así, explicó cómo otros estados están haciendo la desescalada. «Hemos de aprovechar absolutamente todos los espacios físicos de los centros, no solo las aulas». En este sentido, citó el caso de Dinamarca, donde algunos profesores ejercen la docencia al aire libre.

«Necesitamos modernizar las infraestructuras», argumentó Celaá, quien sugirió a aquellos centros que vayan a acometer obras en verano que lo hagan con la «perspectiva de abrir espacios para asegurar distancia».

Buena parte de las preguntas de la oposición se refirieron a si va conceder una suerte de aprobado general en el presente curso. En abril, una orden ministerial estableció que los estudiantes pasarán de curso salvo «casos muy excepcionales». El tercer trimestre se enfocará a recuperar materias de los dos anteriores, pero en ningún caso se empeorarán los resultados académicos.

Según Celaá, Madrid opuso algunas objeciones al acuerdo, pero luego se desmarcaron al día siguiente Andalucía, Murcia y Castilla y León, gestionadas por el PP, además de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, a causa de consignas de partido, según denunció la ministra.

La titular de Educación negó que se vaya a imponer una «barra libre» y aseguró que serán las juntas de evaluaciones las que decidan si un alumno con algún suspenso pasa de curso y consigue así la titulación. «No se puede hacer otra cosa», destacó la responsable del departamento, quien recalcó que en otros países afectados por la Covid-19 sí se ha extendido el aprobado general.

Celaá apostó por garantizar una «educación en valores cívicos para ejercer una ciudadanía crítica y participativa». Esta iniciativa también incluye la enseñanza afectivo-sexual, lo que indignó a Vox, defensor de la censura parental.

El empeño de derogar la Ley Orgánica de la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no responde a un «tic ideológico totalitario», sino a un intento de erradicar las deficiencias del sistema, que se han puesto en evidencia de manera dramática a lo largo de esta pandemia».

En ese reto de modernizar la educación, la titular del departamento defendió el refuerzo de la universalización de la etapa de la educación infantil entre 0 y tres años, dado que «es una potente herramienta para cerrar la brecha de aprendizajes» en etapas superiores.

Las autoridades educativas son conscientes de que la pandemia ha revelado que 700.000 hogares en España carecen de dispositivos de acceso a internet, una cifra que representa el 15%, porcentaje que, aun siendo abultada, es una proporción menor que en otros países europeos. Con todo, Celaá aseguró que la enseñanza presencial es «insustituible».

El representante del PP, Óscar Clavell, dijo que el regreso a las aulas no cuenta con el plácet de los padres, ni tampoco de los profesionales de la comunidad educativa. Los grupos nacionalistas (ERC, Bildu o PNV) arremetieron contra el Gobierno por utilizar el estado de alarma para invadir competencias. Celaá replicó que las comunidades «son autónomas, pero no independientes».

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