Becarios: los 51 euros al mes de la discordia

Todavía no. La Orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social establece la obligación de que las empresas coticen por contingencias comunes vinculadas a becarios e investigadores que realicen trabajos de aprendizaje en sus estructuras, cobren o no por esa labor. Sin embargo, desde ese departamento aclaran que esta obligación se encuentra pendiente de desarrollo normativo, por lo que ningún empresario la tiene que cumplir. El Ejecutivo se ha dado un plazo de tres meses para negociar con los diferentes agentes económicos, empresariales y sociales una aplicación de esta novedad legislativa que, incluso, podría entrar en vigor de forma práctica a partir del próximo curso escolar 2019-2020.

La cotización por contingencias comunes es la que sirve para que un trabajador no quede desprotegido en el caso de que caiga enfermo o tenga un accidente. Para cubrir este derecho laboral, el Gobierno ha establecido una cuota única mensual de 51,05 euros. Esta cuantía está formada por los 42,56 euros que corresponden al empresario y a los 8,49 euros restantes que corren a cargo del becario. En realidad, tal y como ocurre con cualquier trabajador de pleno derecho, las cotizaciones -tanto las de la compañía como las del empleado- se suman al salario bruto mensual en las cuantías que marca la ley: una cuota del 28,3% sobre la base de cotización correspondiente, en función del salario, del que un 23,6% lo asume el empresario y el 4,7% restante, el trabajador.

Es una de las grandes dudas que ni siquiera el Ministerio de Trabajo es capaz de responder. Algunas estimaciones apuntan que el número de becarios que tendrían derecho a cotización se situaría entre 500.000 y 750.000. En otros casos, como CC OO, estiman que serían más de un millón de jóvenes. En un término medio, la recaudación que obtendría la Seguridad Social con esta medida alcanzaría los 74 millones de euros, aunque se trata solo de un cálculo inicial a la espera de aclarar el desarrollo normativo pendiente y su puesta en marcha definitiva.

El régimen de cotización de los becarios cambió a finales de 2011 cuando se estableció, por ley, como un derecho, pero no como una obligación, como ocurre ahora. Con el decreto de hace ocho años, los jóvenes podían cotizar si estaban realizando prácticas vinculadas a estudios universitarios o formación profesional, con la condición indispensable que estuvieran recibiendo alguna compensación económica. Es decir, se obligaba a cotizar solo a quienes estuvieran realizando prácticas extracurriculares, aquellas que no se encuentran incluidas en el plan de estudios, como las que ofrecen las universidades en verano para que sus estudiantes se inicien por primera vez en el mundo laboral, o las que se compaginan con los estudios durante el curso académico, pero qu no forman parte del curriculum universitario o de FP. Ahora, con la medida puesta en marcha por el Ejecutivo, todo tipo de prácticas, sean obligatorias o voluntarias.

Desde un primer momento, los empresarios se han opuesto a esta medida. La CEOE explicaba el viernes pasado que provoca «inseguridad jurídica». De hecho, la patronal quiere aprovechar el trámite parlamentario d esta iniciativa para implementar el eventual acuerdo que sobre esta materia surja «de un proceso de diálogo y negociación tripartito». Tampoco las universidades se muestran complacientes al considerar que muchas empresas pueden dejar de precisar de los trabajos de los becarios por tener que abonarles las cotizaciones, con lo que se paralizaría todo el sistema de prácticas vital para muchos estudiantes en su primer paso hacia el mercado laboral.