Educación aclara que su plan contra el acoso escolar no obliga a las comunidades

Méndez de Vigo, que se lo ha presentado a todos los consejeros en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, lo ha reducido a un compendido de «medidas útiles», de buenas prácticas y de protocolos de actución para prevenir y afrontar los casos de violencia o vejaciones escolares. Ahora serán las comunidades autónomas, «que son las competentes», las que decidirán en qué medida lo utilizan a la hora de llevar a la práctica sus propios planes.

Los matices del ministro se produjeron después de que los consejeros de las comunidades socialistas y los nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Navarra minimizasen el valor del documento y le dedicasen duras críticas.

Los consejeros de Educación socialistas de Cantabria, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Andalucía, y su socio valenciano de Compromís, aseguraron, antes de entrar en la Conferencia, que el plan estatal «invade competencias» de sus comunidades y que en muchos aspectos no es más que una duplicidad de los planes que ellos ya tienen en marcha en sus regiones.

Los dirigentes socialistas, como también hicieron los nacionalistas, apostaron por mantener sus propios planes de convivencia y se abrieron a aprovechar los aspectos del proyecto nacional que traigan aparejada financiación para su aplicación y que no colisionen con sus propios proyectos.

«Todas las comunidades autónomas tenemos planes de convivencia y hemos puesto teléfonos de atención a las víctimas. Está bien que el Gobierno haga campañas nacionales de concienciación, pero no es de recibo que vayamos a programas paralelos ni que se haga una política al margen de las comunidades autónomas», señaló en su nombre de los socialistas la consejera de Aragón, Mayte Pérez.

Pérez aseguró que el Gobierno no les había consultado muchos de los aspectos del plan y que, en conjunto, no es más que «una propuesta de márketing», porque muchas de las medidas principales o están ya en vigor o no tienen dotación alguna concreta para aplicarlas, salvo que las costeen las comunidades autónomas.

Puso como ejemplo de ello la propuesta que el Ministerio hace de que un profesor en cada centro se convierta en el responsable de convivencia, en la persona que debe sensibilizar a toda la comunidad contra el acoso, el referente para recibir las denuncias y el responsable de que se cumpla con los protocolos para solucionarlas.

«Descarga horaria»

El plan estatal plantea que para realizar su tarea de forma adecuada el profesor disfrute de «descarga horaria». Pérez dijo que en Valencia ya se ha puesto en práctica este medida y que tiene un coste anual de seis millones de euros, porque para liberar de clases a estos mediadores hubo que contratar a 150 profesores adicionales.

Eso significa, añadió, que aplicar la figura en todos los colegios de España costaría unos 60 millones. La consejera se preguntó cómo será posible financiar la medida si el Ministerio calcula que dotará la ejecución del proyecto con un presupuesto de cuatro millones.

El plan incluye una bateria de medidas para perseguir con mayor efectividad una lacra que, pese a no existir datos de su incidencia en España, va en aumento, como lo demuestra que en los cinco meses de funcionamiento del teléfono de ayuda a las víctimas se han denunciado 5.014 casos, 34 nuevos cada día.