La universidad pública española es la sexta más cara de Europa

Aun así, como las competencias de Educación están transferidas a las comunidades, las diferencias entre unas y otras son destacadas. Según los datos recabados por FE-CCOO, el precio por crédito ECTS (el equivalente a 10 horas lectivas) en Cataluña es de 39,53¤ de media, tres veces mayor que el de Andalucía, que se mantiene en 12,20¤ desde hace años.

Las comunidades con tasas de matrícula más barata son, tras Andalucía, Galicia (13,93 euros el crédito), Cantabria (16,65 euros el crédito) y Murcia (16,78 euros el crédito). Las más caras, tras Cataluña, son Castilla y León (30,25 euros el crédito) y Madrid (29,70 euros el crédito). El precio medio de un año de universidad en España es de 1.343,2 euros. Cinco años antes, todas las comunidades excepto Cataluña tenían precios por debajo de los 900 euros.

Igualar precios de grado y máster

Los precios de los máster, que ya eran más altos que los de grado, han crecido con más fuerza. En algunas comunidades casi se han duplicado. Solo País Vasco, Galicia y Andalucía han repercutido subidas inferiores al 10% desde 2012. Estudiar un posgrado en una universidad catalana puede cuadruplicar en precio a hacerlo en un campus andaluz.

«Esta desmesurada subida de precios, producida durante la peor crisis económica de las últimas décadas, junto con la injusta política de becas, ha dificultado a muchos estudiantes el acceso a los estudios universitarios y provocado un inaceptable incremento de las desigualdades», asegura el sindicato en su informe. Para cambiar la situación proponen que se derogue el real decreto que impuso los recortes en la educación española y también obligar por ley a equiparar los precios de los grados y los máster. Una medida, por cierto, que el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que contemplaría implantar.

Junto a esto, el sindicato de funcionarios CSIF anunció recientemente que las universidades españolas han perdido unos 1.400 millones de euros en sus presupuestos durante los años de crisis. A esta pérdida de poder adquisitivo se suma una deuda de más de 2.000 millones de euros de partidas ya asignadas por las administraciones pero que aún no se les han transferido.