El Gobierno aprobó hoy el real decreto ley que otorga a los editores de prensa españoles el derecho a ser compensados directamente por los gigantes de internet, como Google o Facebook, que alimentan su negocio y plataformas digitales mediante la agregación y difusión de noticias ... y otros materiales literarios y periodísticos producidos por estas empresas.
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El Consejo de Ministros dictó una ley con la que traspone la directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital que la Comisión Europea acordó en 2019. Pretende actualizar una legislación europea de hace 20 años y que, según el Ejecutivo español, ha trasladado al marco nacional con total fidelidad.
El real decreto ley, además del derecho a la compensación, establece la responsabilidad legal de estos gigantes tecnológicos y su obligación de realizar los mayores esfuerzos para implantar herramientas, filtros o cualquier otra medida preventiva que permita detectar y eliminar de sus plataformas y web los contenidos ilícitos, los que se exhiben o difunden sin contar con el permiso de reproducción de sus autores. No podrá publicarse contenido alguno sin la autorización de su creador.
Negociación directa
La norma, de igual manera, reconoce a las empresas editoras la libertad de negociar directamente las condiciones y la autorización para el uso de su material periodístico por parte de los agregadores de noticias de grandes plataformas. También permite que las empresas periodísticas puedan optar de forma «voluntaria» por negociar los derechos de autor con los titulares de los agregadores mediante una entidad de gestión colectiva.
La negociación de las autorizaciones se hará «de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio».
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La sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor alemana, que representa a 200 medios, reclama a Google el pago de 420 millones de euros en 2022. Para el cálculo del canon tiene en cuenta la directiva de la UE y los acuerdos en países en otros países como Australia (100 millones), Canadá (400) o Francia (500).
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