Los editores españoles denuncian que Bruselas amenaza su independencia editorial

De todas las disposiciones que incluye el proyecto del Reglamento comunitario, la AMI señala cinco que pueden poner en riesgo su modelo editorial y su viabilidad económica. Una tiene que ver con la distribución de los contenidos informativos a través de las plataformas digitales, que no está suficientemente protegida porque la norma solo obliga a estas compañías a notificar sus decisiones de retirada. A juicio de la AMI, informaciones como las que cuentan conflictos bélicos, aunque «no generan likes ni emoticonos sonrientes en las redes sociales», sí «contribuyen de una manera decisiva a la formación de la conciencia y el juicio crítico de los ciudadanos» y los medios deberían poder distribuirlas «con libertad y sin temor a la censura de las plataformas».

Asimismo, los medios asociados en la AMI expresan su «profundo rechazo» a otra medida que «limita la labor del editor al mero establecimiento de líneas generales editoriales». A su juicio, no hay razón para que el Reglamento establezca limitaciones que conlleven una injerencia en la propiedad privada ni en el funcionamiento y organización de los medios: «Rechazamos frontalmente la limitación de que la actuación del editor deba constreñirse a la mera indicación de una línea editorial general. Esta limitación pone en cuestión la libertad de prensa así como la libertad de inversión y de empresa». El editor, recuerda la nota, «es el único sujeto responsable a nivel moral, jurídico, financiero y político respecto de los contenidos que sus medios publican».

Otro punto conflictivo de esta norma comunitaria es el que persigue facilitar la pluralidad de los medios de información dificultando la absorción de medios. A juicio de la AMI, «las operaciones de concentración son un mecanismo de resiliencia cuando el mercado no permite a los diferentes actores mantenerse en solitario». Y «solo facilitando la concentración de los medios de información se estará asegurando la perdurabilidad de muchos medios de comunicación». En ese sentido, y para garantizar la sostenibilidad de los medios locales, la AMI señala que usar rankings a la hora de determinar los criterios de distribución de publicidad institucional puede privarles «de unos ingresos que les son necesarios».

Los editores españoles sí comparten otras artículos del proyecto, como la necesidad de proteger a los periodistas frente a toda injerencia, «de manera que no puedan repetirse casos como el ocurrido en las Islas Baleares en el que un juez ordenó la incautación de los móviles de dos periodistas y el registro de las sedes de dos medios de información», o el reconocimiento de los medios como un «sector clave para la recuperación inclusiva y sostenible de la economía europea». Ahora bien, la AMI subraya que la competencia sobre política general de prensa y medios de información corresponde a las autoridades nacionales: «No existe justificación alguna para armonizar la legislación a nivel comunitario, ni mucho menos para poner a la prensa bajo la supervisión de un 'Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación'».

«Los medios de información reunidos en AMI invitamos a la Comisión Europea a revisar el futuro Reglamento de Libertad de Medios de Información –concluye la nota–, de forma que el mismo garantice la adecuada sostenibilidad de la prensa y el acceso libre de los ciudadanos a las informaciones producidas por nuestros medios, respetando siempre a los editores que arriesgan su patrimonio y responden ante el mercado de sus actuaciones». El proyecto fue presentado a mediados de septiembre por la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y corresponde ahora al Parlamento Europeo y a los Estados miembros debatir la propuesta de Reglamento de la Comisión.