Denuncian «trucos» en la nueva ley del clima para ocultar su poca ambición

Entre los avances de esta nueva ley estaría el aumento del objetivo de reducción de emisiones de CO2 al 23% para 2030, pero era una cifra que ya estaba en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), indica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, una de las partes acusadoras en una demanda contra el Gobierno por no cumplir con medidas efectivas contra el cambio climático, que se dirime en el Supremo. «El litigio seguirá. La ambición de la ley no ha variado ni un ápice. De acuerdo con la ciencia, España debería alcanzar el 65% para esa fecha, y la Comisión Europea lo ha fijado en un 50%».

A los ecologistas les preocupa la ambigüedad en la meta de llegar al 100% de reducción de gases de efecto invernadero en 2050, debido a que la ley, en vez de referirse a las «cero emisiones», habla de «neutralidad climática», un concepto que amenaza con «retrasar la transición energética», manifiesta Rodríguez. «Es un pequeño truco que se hace».

Otro de los conceptos engañosos que planea sobre la redacción final es el de «cero emisiones netas», en el que se descontaban de las emisiones reales las toneladas de CO2 que pudieran absorber los sumideros y las aguas. «Sabemos que hay un pulso por introducirlo», sostiene Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. «Hablar de 'emisiones netas' es ocultar el problema de fondo. Conlleva a la inclusión de formas de compensación de esas emisiones que no son ecológicas ni socialmente sostenibles». En este punto parece que los ecologistas se han apuntado un tanto. «Si se hubiese incluido nos habrían avisado».

Con la anuencia de una mayoría parlamentaria, el proyecto de ley también marca dos formas de medir el uso de las energías renovables, al desglosar la «electricidad» de la «energía total» utilizada en el país. En la redacción de la ley se especifica que en 2030 el 74% de la electricidad (aumenta un 4% con respecto a la primera versión) debe ser generada con «fuentes renovables». Un éxito político a primera vista. Pero el entusiasmo decae al ver que ese porcentaje es del 42% al considerar el «consumo de energía final» para 2030 (sin modificación con respecto al planteamiento inicial).

Ante las críticas de los activistas, el Gobierno prefiere recurrir a otros baremos para mostrar su ambición climática. «La Unión Europea nos marca un objetivo de eficiencia energética del 32,5% para 2030, y nosotros hemos asumido un objetivo de eficiencia energética del 39%», explica la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Nos pide un objetivo del 36% en energías renovables, y nosotros hemos asumido un objetivo del 42%. Y nos exige el objetivo de reducción de emisiones en sectores difusos, no de la gran industria, del 32,5% y nosotros hemos asumido un 37%».

Entre las cimas y lagunas de la ley están los artículos muy desarrollados para el transporte (normas para la «movilidad sostenible», zonas de bajas emisiones en las ciudades, parque eléctrico a partir de 2040, fuentes de recarga de coches) junto a la inexistencia de regulación para otros sectores. «Se ha hecho mucho énfasis en el sector eléctrico y la movilidad, y en menor medida en la industria, pero en otros, como el agropecuario, como la ganadería intensiva, apenas se ha comenzado a escarbar cómo reducir sus emisiones», advierte Rodríguez.

La «plena descarbonización» se alcanzará para 2050, anuncia Ribera. «Creo que hay que activar todas las palancas para que las cosas después cojan ritmo y se aceleren. No es lineal esa reducción. Se va incrementando. Podemos estar revisando potencialmente al alza los objetivos de reducción de emisiones». En efecto, la nueva ley contempla periódicas revisiones de objetivos. La primera en 2023.

En el tira y afloja parlamentario, los activistas parece que se han anotado un tanto, al evitar otro concepto engañoso, el de «neutralidad tecnológica». «Significa tratar por igual a todo tipo de tecnología en subastas de energía eléctrica u otros procesos, lo que desbancaría a las renovables reales que no están en igualdad de condiciones en el mercado y necesitan medidas que las impulsen».

Los ecologistas reconocen el esfuerzo del Gobierno español y resaltan que la ley, aunque «obsoleta», tiene «cosas positivas», como el final de las explotaciones petrolíferas y de gas en tierra y mar, y las prohibiciones del 'fracking', la minería de uranio y los coches de combustión en 2040, la limitación de construir en la costa con la obligación de tener en cuenta los efectos climáticos. «La ley es tímida pero marca un fin», opina Rodríguez. «Se ve un interés y preocupación por afrontarlo con éxito. Pero no vamos a retirar la demanda en el Supremo. No hemos denunciado la ausencia de una ley, sino la falta de ambición, que sigue siendo insuficiente»

Ante la nueva ley, los ecologistas consideran improbable alcanzar la meta del Acuerdo de París, de no sobrepasar los 1,5 grados centígrados de calentamiento. Con suerte, suspiran, estaremos en 2 grados.