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J.V. Muñoz-Lacuna
Toledo
Viernes, 16 de febrero 2018
La familia de Juliana Leal, la mujer de 49 años con síndrome de Down que el pasado martes fue expulsada de un evento comercial en un hotel de Motilla del Palancar (Cuenca) “porque asustaba a la gente” -según los encargados de la empresa- ha decidido ... trasladar estos hechos ante un juzgado al considerar que ha existido un delito de discriminación.
Irene Leal, hermana y tutora legal de Juliana, ha explicado este viernes que la empresa organizadora de la charla publicitaria, Medisalud, ha tratado de evitar la denuncia poniéndose en contacto con la familia “para pedirnos perdón e intentar llegar a un acuerdo”. “Incluso nos han ofrecido los regalos que iban a dar a los asistentes a la charla pero no nos vendemos por un móvil”, ha añadido Irene, a quien también le ha molestado que el gerente de la empresa, Francisco Aguilar, negara en un principio los hechos y tachara a las tres hermanas de “bastante problemáticas”.
Por el contrario, la familia de Juliana ha decidido denunciar estos hechos “por las muestras de apoyo que hemos recibido y porque estamos recibiendo asesoramiento de asociaciones e instituciones de toda España”.
“A mi hermana le ha afectado mucho lo que ha ocurrido porque se da cuenta de todo”, lamenta Irene que, junto a su otra hermana, Ascensión, cuidan de Juliana.
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado martes cuando las tres hermanas acudieron a un hotel de Motilla del Palancar para asistir a un evento publicitario que organizaba esta empresa especializada en productos de bienestar. Cuando uno de los responsables del acto vio a Juliana les invitó a que se marcharan porque “asustaba a la gente y daba mala imagen”. Ante esas palabras, tanto las tres hermanas como buena parte de los asistentes decidieron abandonar el lugar.
Juliana y sus hermanas han recibido el apoyo del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha trasladado los hechos a la Fiscalía y a la Junta de Castilla-La Mancha. Desde la Junta, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha declarado que su departamento está estudiando lo sucedido “porque si se ha vulnerado el derecho a la igualdad de trato estaríamos ante una infracción grave”.
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