El Defensor del Pueblo investigará el asesinato de las niñas de Castellón

Como primera medida, Fernández Marugán se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado solicitando información sobre la existencia de denuncia previa por violencia de género en el ámbito de esta familia. Asimismo, quiere saber si se había adoptado por el órgano judicial competente una orden de alejamiento de las menores y si existía una valoración del riesgo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y, en su caso, a quien se había comunicado la estimación del nivel de riesgo.

Las mismas fuentes recordaron que la institución lleva años mostrando su grave preocupación por las hijas e hijos de las víctimas de violencia de género. Según aseguró el Defensor, «es imprescindible y de vital importancia» visibilizar la situación de estos menores que también son víctimas de la violencia machista. Fernández Marugán volvió a reiterar que «un maltratador nunca puede ser un buen padre».

En su opinión, para acabar con la lacra de la violencia machista hay que «remover la conciencia de la sociedad en su conjunto y sensibilizar a las distintas administraciones implicadas para que se trabajen siempre con los dos enfoques: género e infancia».

Por ello, considera que es necesario otorgar protección rápida y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores. «La protección ha de ser integral, tenemos que ser capaces de detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer, sin olvidar que es madre», dijo.

En 2014, la institución recomendó al Gobierno y al Parlamento favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijas e hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visitas de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, el Defensor del Pueblo «comparte» el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género se tengan en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas.

El Defensor del Pueblo ha recordado que desde 2013, 27 niños y niñas han sido asesinados «por aquellos que debían protegerlos: sus padres». Hasta esa fecha ni siquiera se contabilizaban sus muertes como víctimas de violencia de género.

La institución también ha abierto una actuación de oficio ante la Fiscalía General del Estado por el asesinato de una mujer en Bilbao. Para ello ha solicitado información sobre si en este caso existió denuncia previa por violencia de género y para saber si se había concedido una orden de alejamiento respecto de la víctima y de sus hijas. Como en el caso ocurrido en Castellón, también ha pedido conocer si se había producido una valoración del riesgo por parte de los funcionarios policiales.

El anuncio del Defensor del Pueblo de investigar el asesinato machista de Bilbao se conoció poco antes de que la Policía Nacional, a instancias de la Guardia Civil, detuviera en Torre del Mar (Málaga) a la pareja de la mujer de 44 años hallada muerta durante la madrugada con heridas de arma blanca en el interior de un domicilio en el barrio de El Morche, en la localidad de Torrox. Los agentes de la Unidad de Policía Judicial del instituto armado trabajan con la sospecha de que se trata de un caso de violencia machista, aunque sin descartar otras hipótesis. El detenido tenía una orden de alejamiento. El cadáver de la víctima presentaba casi una decena de heridas por arma blanca.

La fallecida, que deja dos hijos de tres y 16 años, había sido víctima de malos tratos por parte otro hombre con el que había tenido una relación anterior.