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España aumenta sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero de cara a 2030. Los nuevos objetivos que el Gobierno llevará el próximo otoño a la 26 Cumbre del Clima de la ONU, que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow, contienen ... una reducción de las emisiones de CO2 del 23% en la próxima década respecto a las registradas en 1990, lo que supone elevar la rebaja en dos puntos desde el 21% de recorte que contemplaba el compromiso actual.
La rebaja, incluida en el nuevo borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) que el Ejecutivo enviará en próximas semanas a la Unión Europea, supone que España habrá dejado de lanzar a la atmósfera en 2030 más de un tercio de los gases de efecto invernadero (GEI) -los principales responsables del cambio climático- que emite en la actualidad.
El Ministerio para la Transición Ecológica, según indicó un portavoz, considera con este nuevo compromiso de España propone «una senda de descarbonización» que cumple con el Acuerdo de París, que reclama medidas para evitar que el aumento de la temperatura terrestre se eleve más de 1,5 a 2 grados centígrados en este siglo, con las demandas de los científicos y la ONU, y que permitirá que el país llegue a 2050 con cero emisiones netas de CO2.
El Gobierno también defiende que con los nuevos objetivos aporta la parte de las reducciones de CO2 que le corresponde a España -según su tamaño, economía e historial de emisiones- para que la UE pueda aprobar su nuevo compromiso con el Acuerdo de París y que supone elevar del 40% al 50% o al 55% la rebaja de emisiones de GEI en 2030 con respecto a 1990.
La opinión de las organizaciones contra el cambio climático es muy diferente. Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción, considera que los nuevos compromisos de España en la lucha contra el calentamiento global «no muestran gran ambición» y que, de hecho, son «pobres». Andaluz recuerda que las principales organizaciones ecologistas españolas reclamaron al Gobierno que elevase su objetivo de reducción emisiones para 2030 hasta el 55%, lo que supone más del doble del compromiso que acaba de anunciar. La ONU y el panel internacional de científicos también reclamaron a todos los países una rebaja del lanzamiento de CO2 en esta década al menos del 45% al 50% si quieren evitar grandes desastres climáticos y un sobrecalentamiento sin retorno.
El borrador de Pniec indica que, para alcanzar la reducción del 23%, España se compromete a que el 42% de la energía final que consuma por todos los medios -incluido el transporte y la industria- en 2030 procederá de fuentes renovables, lo que supone una mejora de la ambición de siete puntos sobre el plan anterior; y que el 74% de toda la energía eléctrica que generará dentro de una década será de origen limpio, cuatro puntos más que en el borrador anterior. De igual manera, se compromete a mejorar en 2030 la eficiencia energética nacional en el 39,5%, cuatro puntos y medio más de ambición.
Como consecuencia de este proceso de descarbonización de España se logrará, además de una contención del aumento de la temperatura, una reducción sustancial de los niveles de contaminación atmosférica. Si se cumple el Pniec, en una década el nivel de partículas PM2.5 (las más dañinas para la salud) se habrá reducido en un 33%, y los de dióxido de azufre (SO2) y óxidos nitrosos (Nox) en un 38% y un 35%, respectivamente. Estas notables mejoras permitirán que la media anual de muertes prematuras de españoles causadas por la contaminación descienda en 2.400 en toda la década, lo que significa una reducción del 27%.
Para llevar a cabo esta enorme transformación de la economía y la sociedad españolas -sobre todo el impulso de las renovables, la modernización de redes eléctricas y las medias de ahorro energético- el Gobierno calcula que se movilizarán de 2021 a 2030 unos 241.000 millones de euros, de los el 80% serán inversiones privadas.
El nuevo plan de transición ecológica, según los cálculos que incluye el borrador, aportará unos 25.700 millones de euros a la riqueza nacional, lo que supondrá un crecimiento adicional del 1,8% del PIB a lo largo de la década. Este crecimiento añadido podría suponer un aumento neto del empleo hasta el final del período de entre 250.000 y 350.000 personas, lo que significa de un incremento del 1,7% de las altas en la Seguridad Social y una reducción de la tasa de paro de entre el 1,1% y el 1,6%.
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