La crisis se ceba con la discapacidad intelectual

Pablo había completado su formación con un curso para el desarrollo sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en la Universidad de Castilla-La Mancha y su paso por la empresa en prácticas le había valido para que, por fin, iniciara una prometedora trayectoria laboral. Confiaba en que lo volviesen a llamar para el periodo de rebajas. Hasta que llegó el coronavirus.

La Encuesta de Población Activa del primer trimestre del 2020 ha mostrado con toda su crudeza los devastadores efectos de la Covid-19 sobre el empleo en España. Y apenas refleja el efecto de las primeras semanas de la crisis económica que volverá a hacerse sentir con más virulencia, como siempre, en los sectores más débiles de la sociedad.

Conseguir un trabajo estable que te permita tener una independencia económica y personal es difícil, pero si eres una persona con discapacidad intelectual puede ser casi imposible, aun cuando tengas más que capacidad suficiente para desempeñar la profesión para la que te has preparado. Tan solo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual trabajan en España, según el último informe del Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España de la Fundación ONCE.

Si bien los efectos directos del empleo son los más evidentes, la parálisis está afectando también a la propia formación de las personas con discapacidad, con el sistema educativo obligado a una docencia virtual que precisamente no resulta la más accesible para este colectivo.

Tan solo hace poco más de un mes estábamos en el mejor escenario posible de tratamiento de la educación inclusiva. El 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria del proyecto de la nueva Ley de Educación, que previsiblemente sustituirá a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013.

Tan solo faltaba el último paso para la publicación de la norma, que transformará el sistema educativo incluyendo a todos los alumnos y que presumiblemente repercutirá en un importante avance de la inserción laboral en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El proyecto de la nueva Ley de educación (LOMLOE) se centra en la inclusión y la equidad incorporando los derechos de las personas con discapacidad y la mejora de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, entre otros, con el propósito de «reforzar la relación entre el ámbito educativo y el laboral».

Sin embargo, todo se ha parado. Los avances normativos se han congelado. Pero ahora no podemos rendirnos. Las instituciones educativas deben seguir aplicando metodologías activas de apoyo a alumnos con discapacidad, y las empresas deben seguir apostando por el empleo con apoyo. No podemos dejar en el olvido a los más vulnerables, que no vuelvan a pasar por las injusticias vividas en épocas pasadas de estigmatización y precariedad.

Ha sido necesario poner en marcha herramientas favorecedoras y garantías legislativas para que a las personas con discapacidad se les pudiera tratar en igualdad de oportunidades. La discriminación positiva ha sido un apoyo importante para paliar las desventajas sociales que durante muchos años han azotado fuertemente a este colectivo.

El desconocimiento por la sociedad de las necesidades que tienen algunas personas con discapacidad ha dado lugar a comportamientos no deseables. Un ejemplo cercano: durante el confinamiento se ha llegado a insultar desde los balcones a padres que paseaban a sus hijos con discapacidad intelectual y que estaban autorizados a las salidas por su propia condición. Hasta el punto de tener que identificarse con un brazalete azul como personas con trastorno del espectro autista.

Todos los que directa o indirectamente vivimos la discapacidad más de cerca pensamos que la educación es sin duda el pilar fundamental para una efectiva inserción laboral. Somos conscientes de las repercusiones económicas de la pandemia, pero ahora más que nunca debemos unirnos para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de la responsabilidad social, no podemos echar por tierra tantos planteamientos de futuro.

Debemos proteger al colectivo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, sin duda uno de los colectivos más vulnerables y frágiles de la sociedad. Desde el programa docente «Incluye e Inserta UCLM: cursos para el desarrollo sociolaboral de personas con discapacidad intelectual» de la Universidad de Castilla-La Mancha lo venimos observando directamente en el alumnado que pasa por las aulas. Seguiremos apostamos por llevar a cabo planes de estudios más inclusivos y profesionalizantes que aseguren una inserción real en el mercado laboral.

El tejido empresarial debe conocer cómo aprenden y aplican lo aprendido las personas con discapacidad intelectual. La disciplina, motivación, empatía y asertividad que muchos atesoran son cualidades que todas las empresas querrían que tuviesen sus trabajadores. Tienen todo el derecho del mundo a ser tenidos en cuenta.

Este artículo, que ha sido publicado en The Conversation, también ha sido elaborado por José Antonio Moreno Molina, Catedrático Derecho administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha, y Juana Morcillo Moreno, profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha.