Los proyectos científicos serán fiscalizados cuando estén concluidos

La nueva norma acaba con la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), un régimen fiscal que implantó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 y que permitía la presencia de un técnico de Hacienda en los entes investigadores. Con el real decreto del Gobierno, se vuelve a la situación previa, esto es, la fiscalización de los gastos se realizará a posteriori.

Acabar con el papeleo ha sido una reivindicación tradicional del cuerpo de investigadores. Para facilitar una solución a esta demanda, la nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación, liberando recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias y que los científicos puedan dedicarse a la ciencia y no a rellenar complicados formularios.

También se hace hincapié en facilitar la contratación de personal, otra de las exigencias de los científicos españoles, que han denunciado en reiteradas ocasiones su precariedad y la acumulación de contratos temporales consecutivos. El real decreto-ley modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. «Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPI ya aprobada el 25 de enero, contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes», asegura el ministerio.

En palabras de Duque, los centros de investigación en España «han soportado en los últimos años normativas que dificultaban el normal desarrollo de proyectos científicos». En ese sentido, la nueva normativa es «un punto de inflexión» para el conjunto del sistema nacional de investigación.

Respecto a la agilización de las compras, los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos (por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad).

El nuevo texto modifica también la Ley de la Ciencia para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. Esta ha sido una medida muy reclamada para mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores, en especial la de las científicas madres, y se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El nuevo real decreto también da respuesta a los 12.000 estudiantes, según estima el Gobierno, que pidieron un Préstamo Renta Universidad. Estos préstamos, concedidos por el ICO entre 2007 y 2011 para animar el estudio de postgrados, se convirtieron en una trampa para miles de alumnos, que en los años de la crisis no pudieron devolverlos al no encontrar trabajo. Ahora, el Gobierno plantea que sólo aquellos estudiantes que con sus sueldos ganen más de 22.000 euros al año tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años.

En el caso de convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos se amplía el periodo de vigencia de estos convenios hasta los 17 años. Además, los convenios para consorcios podrán tener vigencias más largas si así lo exige el proyecto científico o por la naturaleza de las inversiones.