El centenar de municipios que reniega de los toros no puede prohibirlos

Gijón se acaba de sumar a un listado con 99 entradas, el de las localidades españolas que no quieren toros, según los datos del Comité Anti Tauromaquia de Holanda (Comite Antistierenvechten-CAS), actualizado hasta 2015, y recogido por AnimaNaturalis. Dos tercios de ellas son catalanas. La alcadesa de Gijón, la socialista Ana González, movió ficha el miércoles tras la lidia en la feria de Begoña de dos astados de nombre 'Feminsta' y 'Nigeriano', lo que consideró denigrante y ofensivo.

«Ninguna de estas ciudades tiene la capacidad legal para declararse antitaurina o prohibir los toros. Eso es, hoy por hoy, ilegal», asegura Chapu Apaolaza, portavoz de la Fundación Toro de Lidia. «Cuando la alcaldesa de Gijón dice que va a prohibir los toros en su ciudad, está haciendo algo ilegal e imposible. Según la jurisprudencia, ninguna autoridad municipal o autonómica puede dejar de proteger una manifesfación cultural legal, como el teatro, el cine o los toros», apunta Apaolaza. «Tampoco puede declararse antiteatro, antitrap, anti-C.Tangana o antidesnudos en la pintura», agrega. «Otra cosa es que los ayuntamientos decidan no programar toros, dedicar su recursos a otras actividades, y no conceder o renovar concesiones, como ocurrirá en Gijón. Pero no pueden prohibir los toros», insiste Apaolaza.

«Mientras no se modifique la legislación en vigor, los toros no se pueden prohibir», coincide Laura Duarte, presidenta de Pacma, el partido animalista. Celebra, con todo, la decisión de la alcaldesa de Gijón, «que podría cambiar si gobierna otro partido», pero lamenta que «no tenga nada que ver con la protección de los animales». «Ningún consistorio puede prohibir las corridas sin modificar el Reglamento Taurino y las declaraciones de la tauromaquia como BIC», admite con pesar. Recuerda Duarte que según datos de Cultura, «menos del 10% de los españoles acuden a festejos taurinos», que la cifra «está a la baja», y que los espectadores «son cada vez más mayores». «El arraigo al que alude Cultura no existe, y las nuevas generaciones rechazan la tauromaquia, que no representa a la totalidad del país y tiene los días contados», plantea. «El Gobierno tiene las herramientas para suprimir la tauromaquia, y a la sociedad a favor, pero, de momento, acepta la presión del sector taurino», lamenta la máxima responsable del Pacma.

En 1991, tras una década sin toros, la ley canaria de Protección de Animales descartó los espectáculos sangrientos con animales, entre ellos las corridas de toros, si bien permitió las peleas de gallos. En 2004 Barcelona fue la primera gran ciudad española en proclamarse antitaurina. Cataluña prohibiría las corridas en 2012, pero el Tribunal Constitucional anuló la prohibición en 2016 al entender que invadía competencias estatales por estar ya consideradas las corridas de toros patrimonio cultural de toda España. El Parlament sí protege los 'correbous', festejos taurinos muy arraigados en los que no muere la res. El Constitucional anuló también los artículos de la ley balear de toros que prohibían picar, banderillear y matar a las reses en las corridas.

Por contra, desde 2011 la tauromaquia se declaró BIC en Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, y desde 2014 en Castilla y León. La Ley para la Regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, en vigor desde 2013, hizo además que por primera vez en la historia el toreo quedara protegido en toda España.